El presidente de RTVE

Con los consejos de ministros de los viernes pasa lo contrario: casi todo lo que sale de ellos son disgustos y, como son decisiones ya tomadas, todo lo que cabe es medir las consecuencias que tendrán en la vida cotidiana de los afectados y en la cuadratura de las cuentas públicas. Ahora más que nunca estamos viendo hasta qué punto esas cuentas reflejan fielmente ---aunque sea a base de grandes y fríos números--- la realidad social de un país: cuánto estado del bienestar nos podemos permitir, cómo de grande y cómo de “gratuíto”, entre comillas, puede ser, cuando la actividad económica del país es menguante y los ingresos del Estado andan en declive. Al final, el gran debate --el que está en el fondo de todo lo que contamos cada día desde hace meses-- es éste, ¿no?: qué modelo de administraciones públicas nos podemos permitir, qué servicios públicos podemos tener, para cuánto da el dinero que cada año ingresa el Estado por lo que nosotros pagamos y lo que nos prestan, a un interés que también hay que abonar, eso que se llama “los mercados”. Del consejo de ministros de hoy sale el último visto bueno al incremento del copago farmacéutico y del copago universitario, las tasas. Y allí han estado los ministros responsables, Wert y Mato, para añadir a todo lo anunciado esta semana que habrá sanciones para las universidades que no se apliquen el principio del equilibrio presupuestario y que no habrá tarjeta sanitaria para los inmigrantes sólo por estar empadronados, sino que habrán de acreditar que trabajan aquí y pagan impuestos.

Lo del equilibrio presupuestario lo tendrán que asumir también las televisiones autonómicas, obligadas a partir de ahora, por ley, a gastar conforme a sus ingresos. El cambio de la norma permitirá a los gobiernos autonómicos deshacerse de sus televisiones públicas si así lo desean. Cerrarlas ya podían, pero nadie lo ha hecho. Ahora podrán privatizarlas, si es que encuentran inversores privados interesados en quedarse con la televisión y que le garanticen al gobierno autonómico de turno lo único que siempre les ha interesado, que es el servicio de propaganda. Dentro de estos cambios relacionados con las televisiones públicas ha incluido la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el anuncio de la modificación legal que, en realidad, más importaba en este momento al gobierno, que es la que tiene que ver con la televisión pública estatal, TVE. A falta de presidente de esta empresa pública (corporación) que les valga a los dos grandes partidos –-en su día Zapatero y Rajoy pactaron el nombre de Luis Fernández y luego el de Alberto Oliart--, y pese a que se había publicado algún nombre que, se decía, contaba con el visto bueno de ambos (al final el acuerdo se reduce a esto, a encontrar un candidato que a ambos partidos les parezca razonable y no beligerante), el gobierno ha optado por rebajar los requisitos para la elección del presidente en el Parlamento. Hasta ahora eran de dos tercios de la cámara (suma que sólo se consigue juntando a PP y PSOE) y ahora serán de mitad de los diputados más uno, es decir, mayoría absoluta. Lo que permite que un candidato salga elegido por el Parlamento aunque el Partido Socialista no lo apoye. El gobierno ha achacado hoy a lo que llamó “bloqueo” (léase falta de acuerdo con Rubalcaba) la modificación de la norma (para el desbloqueo). En el PSOE, recurriendo a un término que no debería utilizarse con ligereza, lo han llamado golpe institucional.

El nuevo presidente, o presidenta, de RTVE tendrá, cuando sea elegido, toda la legitimidad, claro, de una elección parlamentaria (como la tiene el presidente del Congreso o el mismo presidente del gobierno) pero carecerá del factor “consenso entre los dos grandes” que acompañó a sus precedesores recientes y que les brindó una pátina de neutralidad aunque ideológicamente fueran más afines a uno de los dos grandes que al otro. El nuevo llegará sin ese salvoconducto: en su mano estará demostrar con su trabajo diario, sus decisiones y sus nombramientos, que la televisión pública está al servicio –-y rinde cuentas— del conjunto de la sociedad, y no del gobierno de turno o de un partido político concreto. El consenso es deseable para el desempeño de cargos tan sensibles como éste ---y consenso de los partidos ya no va haber--- pero sería injusto tachar ya, sin esperar a ver cómo lo hace, de “comisario político” a quien acabe ocupando ese sillón. El perfil del elegido por el gobierno dará una primera pista de qué idea tiene la Moncloa de la televisión pública, o de los informativos de la televisión pública, que es lo que, al final, quita el sueño a los dirigentes políticos.

Un viernes más, en el Consejo, no ha habido lugar a hablar de la aparcada ley de emprendedores. Qué tiempos aquellos en los que el debate era cómo reactivar la economía, ¿se acuerdan?, cómo incentivar la venta de coches, la compra de casas, la aparición de nuevas empresas. Qué tiempos aquellos en que los gobiernos prometían volcarse en la ayuda a los emprendedores, deducciones fiscales, bonificaciones, apoyo a la iniciativa de nuevos empresarios que generarían tres puestos de trabajo cada uno y revocarían, así, la dramática tendencia alcista del paro en España. Cuando aún se decía aquello tan bonito de que “no hay que poner el acento en los recortes, sino en las reformas que impulsarán el crecimiento”. Naturalmente que éste es un debate posible, el de cómo reanimar la economía aparcando para más adelante el empeño en ajustar ingresos y gastos; de hecho es un debate que se abrió, tímidamente, paso en Europa a finales de año. Pero aquel debate lo cerró quien estaba en disposición de cerrarlo; el pulso lo ganó quien podía ganarlo, Alemania, la pieza central del puzzle europeo. Alemania marcó el camino y los demás, lo enfilaron. La comisión europea amagó con tener criterio propio, pero al final, acabó también sumándose. Ahora mismo en Europa, a la espera de lo que salga de las presidenciales francesas, no hay un debate entre gobiernos sobre si hay que aflojar en el ajuste o aplazarlo; ese debate lo alimenta el Fondo Monetario Internacional desde Washington, o Krugman desde el New York Times, o Francois Hollande desde el estrado al que se sube para dar mítines. En Europa los gobiernos se han resignado a estar todo el día haciendo cuentas --cómo aumentar  ingresos, cómo recortar gastos-- para poder aprobar a final de año el examen de déficit público que nos afecta a todos.