El monólogo de Alsina: Tempus fugit
Les voy a decir una cosa.
Tempus fugit. El tiempo vuela. Cumplimos ya trece horas del verano de 2013, un día entero de matrimonio europeo de Rubalcaba y Rajoy, una semana de la formidable pifia que la Agencia Tributaria le envió al juezCastro y un año y medio de desempeño de Montoro como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta única del gobierno de España.
Formaron pareja esta tarde él y ella ante los periodistas. Para volver a insistir los dos en el monotema que sus ministerios llevan aireando toda esta semana -ni un día sin darle con el martillo a este mismo clavo-: la reforma de las administraciones públicas, lo inédito, concienzudo y relevante que es este trabajo que se ha hecho de auditoría del sector público en España y las bondades de la reforma que el gobierno plantean en las doscientas y pico medidas que, de llevarse todas a la práctica, convertirán este mamut anquilosado que son las administraciones españolas en una gacela internáutica, atractiva y moderna.
De momento sabemos que el gobierno está encantado con el trabajo de documentación y reflexión que ha hecho, que todo el tiempo insiste en que no hay ideología en este proyecto (expresado como cosa buena que no la haya), y que no le parece, sino todo lo contario, que ni el sector público ni el gasto público estén inflados. “Mito”, lo llama el Ejecutivo. “El mito del gasto público”, dijo el miércoles Rajoy. “El mito de la administración elefantiásica”, ha dicho hoy la vicepresidenta. “Los desmitificadores”, podría titularse esta serie que durante toda la semana estamos viendo. Desmitificar ideas que el PP, en la oposición, se ocupó de alimentar y que ahora repudia. Y lo hace como lo hacen todos los gobiernos: buscando en la comparación con otros países el dato que apuntale la conclusión previamente elegida.
Si Rajoy dijo anteayer que nuestro gasto público es inferior al de los países “de nuestro entorno”, Santamaría ha dicho hoy que nuestro sector público “no es mayor que el de otros países”. Seguramente dependerá de qué otros países elija uno, pero el objetivo del gobierno (y la decisión que ha tomado) es lo relevante: ahora toca persuadir a la sociedad de que no es verdad que nos sobre estructura administrativa o gasto de las administraciones, porque (y ésta es la decisión) no se va a realizar la ambiciosa reforma del estado autonómico con la que, años atrás, llegó a coquetear intelectualmente una parte del Partido Popular. “Ni sobra Estado ni el aparato burocrático es tan enorme como se dice”, predica ahora el Ejecutivo. Sabiendo, en todo caso, que si está tan extendida la impresión de inmensidad de las administraciones, y sobre todo, si está tan extendida la sensación de ineficacia, de lentitud exasperante, de caos entre ventanillas y administraciones, igual no es un problema de impresiones erróneas, sino de realidades amargas. La tierra prometida a la que promete empezar a llevarnos la Presidencia del gobierno es la de unas administraciones que no tienen por qué recortarse porque bastará con que ganen en agilidad, accesibilidad y eficiencia.
Hoy se veía a la vicepresidenta encantada de asumir, por fin, en primera persona la descripción de su reforma más querida. Tras el spoiler (bastante fallido) de Rajoy el miércoles y la labor de siembra entre comentaristas y directores de diarios, hoy ya le tocaba a ella ejercer en público de madre de la criatura. Ella es la madre, el subsecretario Pérez Renovales es el padre, sólo que él no está en el escaparate político ni tiene opciones para convertirse en la primera mujer presidenta del gobierno, a diferencia, en ambas cosas, de ella. Y se nota que la reforma es suya por la soltura -y la extensión- con la que habla de la misma (nada que ver con la parquedad expositiva que exhibe cuando se le pregunta por Bárcenas o por la reforma del aborto, por ejemplo.
Se dio, en esa comparecencia de hoy, la paradoja de que el gobierno anunciaba la agilísima y transparente administración que tendremos en unos años si se hace caso a las 217 medidas, mientras el ministro de Hacienda, una semana después de la pifia del informe sobre la infanta admitía que aún no es capaz de explicar a la opinión pública dónde y cómo se produjo la avería. No me lo explico, no me lo explico. Tranquilos, que ha dicho que el martes como muy tarde tendrá una respuesta al enigma. Martes como muy tarde, interesante la precisión imprecisa del ministro Montoro. Que, fiel a su estilo, y después de pedir perdón por el informe-fiasco, exigió (si es que está en condiciones de exigir algo en esta historia) prudencia y responsabilidad a todos. “A todos”, dijo varias el ministro, como hace cada vez que va lanzar alguna sombra de sospecha. Dijo: que tengan prudencia todos los que intervienen en el proceso, porque los errores pueden ser compartidos. Guau, ¿se refiere a los notarios y los registradores? ¿Significa eso que él ya sabe quién cometió la pifia? Opcion a: ya lo sabe. Opción b: no sabe nada, pero quiere que parezca que sí sabe. Opción c: es Montoro.
A esta labor que realiza Hacienda cuando atiende las peticiones de información de un juez (cuando las atiende bien) se le llama auxilio judicial, solo que en este caso fue el juez el que tuvo que pedir socorro (a notarios y registradores) para saber si había algo de cierto en la lista ñapa de Hacienda. En realidad, el juez había solicitado a la Agencia Tributaria más de una cosa. Aparte de este listado (pásenme todo lo que tengan sobre la señora) le pidió, como recordarán, un informe completo y bien hecho (el primero que entregó Hacienda no se lo parecía a la Audiencia Provincial) sobre los posibles delitos fiscales cometidos en la empresa Aizoon, es decir, si es verdad, como ya dijo Hacienda, que Aizoon era una empresa ficticia, una pantalla para llevar el dinero generado por Noos (los contratos con los gobiernos autonomicos) al palacete de Pedralbes, léase a los gastos personales y familiares de los duques de Palma, qué responsabilidades entiende Hacienda que tienen en esa actividad de camuflaje los dos propietarios de la empresa, que son el duque y la infanta.
Lo que Hacienda dijo allá por Semana Santa fue: sí, el señor Urdangarín conseguía ingresos para Noos y luego fingía contratos con otras empresas, como Aizoon, para transferirles dinero. En realidad Aizoon no prestaba ningun servicio a Noos porque no tenía ni actividad ni empleados reales, pero ingresaba por falsos trabajos para Noos y luego, de esa misma cuenta de la empresa, tiraba la familia para pagar sus gastos particulares, la empleada doméstica, por ejemplo. La clave, en lo que afecta al horizonte penal de la infanta, seguía siendo: una vez que dice usted que Aizoon funcionaba así, ¿por qué le achaca el posible fraude fiscal a uno de sus propietarios, Urdangarín, y no al otro, o a la otra, la infanta? Ésta fue la esencia de aquella resolución de la Audiencia de Palma que dejó en suspenso la imputación de doña Cristina.
Pues bien, el juez ya tiene la respuesta de Hacienda: hubo facturas falsas y desvío de dinero de Noos a Aizoon, pero todo lo idearon y ejecutaron Urdangarín y Torres sin participación ni responsabilidad de sus esposas. Hacienda exculpa, por tanto, “sin discusión”, dice, a la infanta Cristina. La Agencia Tributaria la salva. Y aunque ahora la palabra la tiene el jefe de la investigación, que es el juez, hoy sí está más cerca que ayer de que la imputación le sea del todo levantada.