Opinión

Monólogo de Alsina: "Ministra impune en su dejación de funciones"

Carlos Alsina reflexiona sobre los "límites colosales" que el Gobierno y el ministerio de Hacienda han traspasado tras incumplir por tercer año consecutivo el plazo para presentar Presupuestos.

Carlos Alsina

Madrid |

Érase una vez un contribuyente, español, autónomo, cumplidor, concienzado, que al cabo de veinte años presentando puntualmente su declaración trimestral del pago fraccionado del IRPF tuvo un descuido y, llegado el treinta de enero del año siguiente, se le había pasado presentar la del cuatro trimestre del año vencido.

Recibió de inmediato una notificación de la Agencia Tributaria, firmada por la técnica jefe de su delegación, en la que le informaba del incumplimiento y el procedimiento de sanción que, en consecuencia, se había iniciado. 'Vaya por dios', se dijo el contribuyente, 'cómo se me pudo pasar la declaración del cuarto trimestre'. Puesto al habla con Hacienda hizo lo que estuvo en su mano para justificarse.

'Un despiste lo tiene cualquiera', 'naturalmente que lo abonaré de inmediato', 'apenas han sido unos días de demora', 'no, por favor, cómo va a haber voluntad de impago, llevo veinte años sin una falta'. Hacienda fue muy amable, porque somos todos, y le informó con la prosa más funcional y gélida que imaginarse pueda, que los hechos no ofrecían duda, que la sanción mínima en casos como este -nada grave, un descuido- es del cincuenta por ciento de la base sobre la que se liquida y que aplicado un setenta por ciento de rebaja por la asunción de los hechos (y digamos, buena conducta) le salían a pagar cuarenta euros.

'¿Por un descuido?', preguntó el cumplidor contribuyente. 'Por incumplir el plazo', fue la respuesta administrativa, 'un plazo legal es lo que tiene, a quien lo incumple se le sanciona'. Fue entonces cuando al contribuyente le vino a la memoria un hecho relevante y exclamó en voz alta: '¿Y su jefa, qué, qué sanción le va a caer a ella por llevar tres años incumpliendo no ya los plazos sino sus obligaciones?' Nadie respondió al otro lado porque Hacienda ya había colgado.

¿Y su jefa, qué, qué sanción le va a caer a ella por llevar tres años incumpliendo no ya los plazos sino sus obligaciones?

Es treinta de septiembre. Y por tercer año consecutivo, hoy vence el plazo, constitucional, sin que el Gobierno haya presentado a las Cortes el proyecto de Presupuestos a que está obligado. Pocas obligaciones aparecen expresadas de forma más clara, y más tasada, en la Constitución española que el Gobierno presume de conocer y de cumplir.

Tres meses antes de que caduque el Presupuesto, hay que ofrecer a las Cortes el proyecto para el año siguiente. Para que pueda estudiarlo, enmendarlo, debatirlo y bien aprobarlo, o bien rechazarlo para que le sea presentado un proyecto nuevo. No es optativo. No es elástico. No está condicionado a que los grupos parlamentarios hayan manifestado previamente que lo apoyarán.

Todo eso son los cuentos que el Gobierno viene inventándose, y viene contando, desde hace tres años. La anomalía es máxima porque el Presupuesto que hoy está en vigor, re-prorrogado, fue aprobado por un Parlamento que ya no existe. El de ahora salió de las urnas hace dos años y dos meses y no ha tenido oportunidad de debatir, porque el gobierno se lo ha hurtado, la relación de ingresos y gastos.

La anomalía es máxima porque el Presupuesto que hoy está en vigor, re-prorrogado, fue aprobado por un Parlamento que ya no existe

Con el sentido del humor que le caracteriza, y que a veces podría confundirse con chotearse de la opinión pública, la vicepresidenta uno y ministra de Hacienda, que marca hoy un nuevo hito en su dejación de funciones, y dijo ayer que ya casi casi lo tiene a punto. Que está ajustando.Ajustando a treinta de septiembre.

Ha tenido todo el año para ajustar cuantos números le hubiera apetecido. Todo el año. Todo el año diciendo que se dejaba la piel para elaborar las cuentas. Y todo el año dedicando, en realidad, más tiempo a zumbar al PP, a torear a Esquerra, a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán y a competir con Juanma Moreno, que a cumplir con su tarea, como queda hoy, de nuevo, de manifiesto.

No solo eso. Ayer admitió la vicepresidenta uno y ministra de Hacienda, como si fuera en su descargo, que no es que no tenga hecho el proyecto de Presupuestos, es que a treinta de septiembre ni siquiera ha llevado al Consejo de Ministros el techo de gasto.

Cuanto antes lo va a presentar. Cuanto antes, habiendo tenido meses ya para hacerlo. ¿Qué significa cuanto antes cuando una ya ha incumplido todos los plazos sin alcanzar a dar una sola explicación digerible? De nadie más que de ella, y de su jefe, depende presentar la senda de estabilidad al resto del gabinete. De nadie más que de ella, y de su jefe, depende presentar la senda, y el Presupuesto, al Congreso.

Para aquellos que aún se toman en serio el martilleo con el que regresó el Gobierno del verano, proclamando la seguridad absoluta de que este año sí presentaría Presupuestos ofrecemos este rápido ejercicio de memoria democrática. Ocurre que hace once meses ya proclamó el presidente exactamente lo mismo. No sólo eso, se refirió a la riada de Valencia, y sus consecuencias dramáticas, como el elemento definitivo que hacía imprescindible tener nuevos Presupuestos. El PP lo interpretó -y el tiempo le dio la razón- como una utilización de la tragedia para meter presión y aliviar las urgencias presidenciales.

La responsabilidad de presentar unas cuentas se había multiplicado hasta límites colosales. Repita conmigo: co-lo-sa-les. Naturalmente, ni hubo Presupuestos ni el presidente creyó necesario sacar consecuencia alguna de haber incumplido, por enésima vez, su palabra y haber incurrido, de nuevo, en un desdén colosal al Parlamento.

Los correos de la asistente de Begoña Gómez

Al jurado que juzgará a Begoña Gómez -si los recursos no prosperan- le aguarda trabajo de lectura. Ciento veintiún correos electrónicos, ni uno menos, aporta la UCO para entender el papel que desempeñó la asistente en Moncloa de la señora Gómez, Cristina Álvarez, en las actividades particulares, o profesionales, de esta.

Es decir, la cátedra en la Complutense y la captación de dinero, para sostenerla, entre los patrocinadores. Begoña Gómez, como explicó su marido el presidente, tenía una carrera profesional antes de que él ganara la presidencia y no había razón para que dejara de tenerla. Bien es verdad que el campo en el que se había especializado, la captación de recursos, podía entrar en conflicto con el nuevo trabajo de su marido si los patrocinadores dependían, en alguna medida, de llevarse bien con la presidencia del gobierno.

La actividad profesional de Begoña Gómez nada tenía que ver -o nada debería haber tenido que ver- con su condición de esposa de presidente. Como tal esposa había de asumir el marrón que trae consigo el protocolo: que si acompañar al marido en algunos viajes, que si ocuparse de entretener a esposas y esposos de mandatarios de visita en España, esas cosas.

Como profesional de lo suyo podía dedicarse a la cátedra y los patrocinios, siempre que tuviese el escrúpulo necesario para distinguir un ámbito del otro -la Moncloa de la Complutense- y no empleara recursos de Presidencia para su actividad particular y remunerada. Aquí es donde la empleada de Presidencia que la asiste en sus obligaciones protocolarias aparece ahora como un problema.

Porque los correos acreditan que se ocupaba de gestiones que nada tenían que ver con la Moncloa y todo con la actividad privada de Gómez. Y se ocupaba no esporádicamente -un par de favores de amiga, como sugirió Gómez- sino sistemáticamente. Los correos la retratan más que como amiga, como encargada. Si Gómez le hubiera abonado de su bolsillo esas tareas, hoy podría alegar que la ayuda que necesitaba para sacar adelante su cátedra se la pagó ella.

Los correos acreditan que se ocupaba de gestiones que nada tenían que ver con la Moncloa

Si esta actividad de la asistente da para considerar probada una malversación de recursos públicos, será el tribunal, o el jurado, que se ocupe -si el caso llega a juicio- quien tendrá que establecerlo. Pero que le faltó escrúpulo a Gómez para separar exquisita y quirúrgicamente su condición de pareja del presidente de su forma de ganarse la vida en la Complutense sí parece fuera de duda. Y es natural que en la Moncloa el presidente y sus ministros de guardia quiten importancia a todo y repitan que no hay nada.

Porque el presidente es el primero que ha empleado repetidamente los recursos de la presidencia para objetivos que no pertenecen al ámbito del gobierno sino al ámbito de su partido: la costumbre de emplear la sala de prensa de la Moncloa lo mismo como escenario de mítines partidistas que como oficina de estrategia partidista; el conocido vicio -que no ha tenido solo él- de pluriemplear a su jefe de gabinete como director de campañas electorales; el gusto del presidente y algunos ministros por fabricar actos de gobierno en provincias en coincidencia con mítines de partido solo para justificar que se use el Falcón para los desplazamientos.

Sabiendo del poco escrúpulo que tiene Sánchez a la hora de separar su actividad presidencial de sus otros intereses, ¿a quién puede extrañar que haya hecho lo mismo Begoña Gómez? Con total inocencia, como dice de ella su marido y como dice su marido de sí mismo.