Ahmadineyad y el cine

Al régimen no le habrá producido la menor alegría que esta película, “Nader y Simin, una separación”, parta como favorita a la mejor película en habla no inglesa y pueda llevarse el premio al mejor guión original, como no le ha hecho la menor gracia el éxito que viene cosechando la cinta en los festivales internacionales. ¿Por qué? Porque es una película ajena a la casta política y religiosa que gobierna el país. Porque es la historia de un matrimonio corriente, de la clase media de Teherán, con una esposa que desea irse a vivir a otro país para que su hija tenga más oportunidades y un marido que no desea irse porque debe cuidar a su padre enfermo de alzheimer. No es una historia de política, o de religión, no es una obra de denuncia. Pero al gobierno iraní le incomoda su éxito porque entiende que a los occidentales nos gusta premiar películas que hablan de las penurias de la gente en lugar de aquellas que celebran los éxitos de la nación iraní.

Con todo, autorizó que se filmara la película, porque en Irán es el gobierno el que decide qué película se puede hacer y cuál no, es el gobierno el que permite que el director Farhadi trabaje y promocione su obra (sin responder preguntas políticas en las ruedas de prensa, sin besar jamás a las actrices que le entregan los premios en los festivales), y es el gobierno el que, por el contrario, mantiene encarcelado a Jafar Panahi, otro director, bajo la acusación de hacer propaganda contra el régimen y obstinarse en defender la libertad -porque Panahi compartió el entusiasmo por la revolución verde, ¿quién se acuerda ya aquel espejismo llamado el movimiento verde?-. “Nader y Simin” ha obtenido muy elogiosas críticas y probablemente ganará el oscar; siempre quedará la duda de qué parte hubiera sido distinta en el guión de no haber tenido que renunciar a nada para sortear la censura. El régimen teme a la libertad y teme a las mujeres. Como Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz, o Haleh Sahabi, icono de las protestas en la plaza Azadi de Teherán, condenada a dos años de prisión por defender los derechos humanos y muerta de un paro cardiaco cuando asistía al entierro de su padre, también activista por la libertad y también perseguido y encarcelado.

Hay países en los que defender los derechos humanos y reclamar libertad e igualdad está perseguido y castigado con cárcel o con penas mayores.España no es uno de esos países. En España no existe un régimen represivo que inventa leyes y cargos para encarcelar disidentes. En España no se mete en prisión a la gente por defender los derechos humanos. España no es Irán, no es Cuba, no es la Guinea de Obiang ni es Corea del Norte. El disgusto, legítimo, que muchos sienten por ver procesado al juez Garzón no justifica que se digan (y se jaleen) sandeces. O que se informe de que asisten al juicio “observadores internacionales” como si fueran las elecciones en Haití en lugar de una vista oral en el Supremo. Ha comenzado el segundo juicio a Baltasar Garzón. Magistrado que, a día de hoy, sigue siendo perfectamente inocente. Esta vez se le juzga por atribuirse, presuntamente, competencias que no tenía para instruir la denuncia sobre las fosas comunes de la represión franquista que no le correspondía.

Y este segundo juicio ha comenzado con más ruido alrededor, si cabe, que el anterior. Con varios cientos de partidarios de Garzón a la puerta del Supremo para mostrar su respaldo al juez, a quien consideran injustamente perseguido. Y con “observadores internacionales”, como dicen algunos medios. No hace falta insistir en que aquí cada cual tiene derecho a pensar como quiera y a expresarlo públicamente. Pero, al margen de la opinión que cada uno tenga sobre este juicio, hombre, llamarlos “observadores internacionales” son ganas de distorsionar la realidad. Están siguiendo este juicio un representante de Human Rights Watch, otro de Amnistía Internacional y un tercero de la Comisión Internacional de Juristas (que es una ONG formada por jueces y abogados veteranos).

Son internacionales en la medida en que son extranjeros. Y observar, pues seguramente observan. Pero llamarlos “observadores internacionales” es forzar el lenguaje para evocar una realidad que no existe, porque ésta es una denominación que se reserva a las personas enviadas por organizaciones internacionales de carácter público (la ONU, la OSCE, el Parlamento Europeo) a países donde está en duda la calidad democrática y la limpieza de los procesos. Hay observadores internacionales en las elecciones en Túnez, pero no en las salas de justicia españolas. Ni la ONU ni la OSCE ha enviado aquí inspectores a verificar que se respetan todas las garantías del procesado ni lo que está en juego en el Supremo es la calidad de la democracia española y el prestigio de nuestro país allende los mares.

Para estos enviados de ONGs internacionales está claro que Garzón es el bueno y los jueces del Supremo una panda de paniaguados al servicio del poder (¿de qué poder?, si este proceso se inició estando en el poder el gobierno anterior, que es el que impulsó la memoria histórica), un hatajo de prevaricadores sin fronteras. Como si para elogiar la competencia profesional de Garzón hubiera que negar la competencia a los jueces que han llegado a lo más alto de la carrera. Enchufados todos ellos, se supone. No hace falta recurrir al brochazo maniqueo para defender las actuaciones de Garzón, existen argumentos legales, doctrina jurídica que contraponer a los otros argumentos, también legales, también de doctrina jurídica, que presentan los acusadores. Las exageraciones “de parte” nada aportan, y en nada modifican, los hechos que son objeto de juicio y sobre los que Garzón aún no ha sido condenado, es decir, “en estos momentos”, como diría De Guindos, en estos momentos es perfectamente inocente. Y en absoluto cabe descartar que, concluido el juicio, lo siga siendo.