Por qué la falta de regulación de los lobbies en España facilita tramas como la de Montoro

La influencia de las empresas en la toma de decisiones de la administración pública, a través de grupos de presión como los lobbies, ha vuelto al centro del debate público tras conocerse la investigación abierta al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El juez indaga si Montoro reguló supuestamente en favor de determinadas empresas clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por él mismo junto a otros socios en 2006.

Tipos de actividades de lobby

Para analizar este asunto, Miguel Ondarreta ha conversado con Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional y profesor en la Universidad Complutense. Rubio ha comenzado advirtiendo que "uno de los principales problemas del lobby es su definición", en muchas ocasiones demasiado poco concreta, y ha precisado que, desde hace un tiempo, "las regulaciones están yendo más dirigidas a las actividades de lobby que a los lobbies en general".

Según explica, "una actividad de lobby es toda aquella que busca influir en las decisiones de la administración pública o del poder legislativo". Dentro de estas prácticas, Rubio distingue entre acciones directas —como entrevistas o presentación de informes—, que son fáciles de detectar, y acciones indirectas, como la promoción de opinión pública, "mucho más difíciles de controlar y, por tanto, de regular".

Rubio reconoce que es normal que los despachos de lobby busquen relación con quienes deciden las regulaciones y con las empresas para las que trabajan. "Lo que no es normal es que gocen de una posición de privilegio e incluso se integren en la estructura de toma de decisiones como si fueran parte de ella", ha subrayado.

No es normal que los lobbies gocen de una posición de privilegio e incluso se integren en la estructura de toma de decisiones como si fueran parte de ella

En cuanto a la legislación española, recuerda que sí contempla la actividad de lobby, pero apunta que el problema va más allá: "El gran problema del lobby es democrático: se genera una relación privilegiada para quienes cuentan con más recursos". Por eso, insiste en que una regulación debe garantizar la igualdad: "Debe servir para que esas posiciones de privilegio no se den o se reduzcan al máximo".

El gran problema del lobby es democrático: se genera una relación privilegiada para quienes cuentan con más recursos

Cinco pilares sobre las que basar la regulación de los lobbies

Respecto a cómo debería ser una regulación eficaz, Rubio plantea cinco claves: en primer lugar, la transparencia mediante un registro de estas entidades; en segundo, que esa transparencia se extienda a los responsables políticos, de forma que "se pueda seguir la decisión y los motivos de los cambios"; en tercer lugar, establecer una "huella normativa" para que sea rastreable quién redacta e impulsa determinadas leyes; en cuarto lugar, controlar las puertas giratorias "en ambos sentidos"; y por último, definir un régimen sancionador efectivo, ya que "en muchas ocasiones, las legislaciones existentes han evitado imponerlo".

Una regulación previa habría dificultado estas prácticas

A su juicio, de haber existido una legislación más clara y exigente, "habría sido más complicado que se diera esta actividad", pues la ley obligaría a transparentar encuentros e intereses. Rubio recuerda que Equipo Económico, el bufete fundado por Montoro, "no estaba en el registro de lobbies de la CNMC, único existente en España", también ha señalado que las tendencias en las regulaciones actuales apuntan a que "cada poder público debería publicar con quién se reúne y para qué se reúne".

Posibles consecuencias legales

Sobre las posibles consecuencias legales del caso Montoro, Rubio apunta a la Ley de Amnistía aprobada por el Tribunal Constitucional con la que muchos juristas señalan que podría no probarse hechos delictivos, pero matiza que "hay algunas conductas de la investigación que podrían ser sancionadas por el Código Penal".