La defensa de las mujeres grabadas en la calle en Lugo lamenta que no se identificará a los responsables si se tramita por la vía civil

Durante la celebración de las fiestas de A Maruxaina en San Cibrao (Lugo) en el año 2019, muchos hombres y mujeres acudieron a un callejón del pueblo para orinar evitando, así, las largas colas de espera que había en los urinarios públicos. Un año después de aquella fiesta, al novio de una mujer que estuvo en aquella romería le apareció en Internet un enlace que le llevaba a una web de pornografía. En esa página reconoció a su novia y a muchas otras vecinas de San Cibrao. Grabadas todas, sin saberlo, mientras orinaban en el callejón de San Cibrao.

Los vídeos más de un centenar de mujeres, entre ellas menores, fueron grabadas con cámaras ocultas donde se muestran incluso los rostros de las implicadas. El caso despertó la solidaridad de algunas asociaciones feministas, Administraciones y partidos políticos, que en abril del mismo año se sumaron a una manifestación multitudinaria.

El juez decreta el archivo del procedimiento penal

Tras conocerse los hechos, las víctimas denunciaron el caso ante la justicia. Ahora, el juez instructor no considera delito las grabaciones subidas a páginas web pornográficas. En este sentido, argumenta que los hechos denunciados no constituyen un delito de revelación de secretos -castigado con hasta cuatro años de prisión- porque los hechos se grabaron en un espacio público y, por tanto, los hechos deberían ser tratados por la vía civil y no la penal.

Por el contrario, la Fiscalía sí considera que hay un delito contra la intimidad y estima que "alternativamente" puede existir también otro contra la integridad moral de las víctimas.

"De archivarse el procedimiento penal, los hechos quedarán sin ningún tipo de responsabilidad"

José Manuel Oliveros, abogado representante de algunas denunciantes, explica que "en este caso, derivar a las afectadas a un procedimiento civil les aboca a que estos hechos queden sin ningún tipo de repercusión ni que pueda ser reparado el daño infringido".

En un procedimiento civil corresponde a las partes realizar las labores de investigación, intento de descubrir a los responsables de las grabaciones, con lo cual, "sin la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado se me antoja tremendamente complicado". Por el contrario, de tratarse de un procedimiento penal se podría pedir comisiones rogatorias a los países donde se encuentran alojadas las páginas web en las que está el material.

"Un particular, sin embargo, no goza de esas posibilidades para realizar una investigación en forma y, de archivarse el procedimiento penal, lo normal sería que los hechos queden sin ningún tipo de responsabilidad", sostiene Oliveros.

Presentado un recurso de apelación

Contra esta decisión del juez de archivar el procedimiento penal, se ha presentado un recurso de apelación que deberá resolver la Audiencia Provincial de Lugo. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe donde suscribe "punto por punto" las posiciones de las acusaciones solicitando que se revoque la resolución de archivo y se prosiga con la investigación.