En la jornada de ayer el Tribunal Constitucional decidió suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección de los dos candidatos al Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta decisión -por la cual el pleno del Constitucional admitía las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP- ha sido calificada por el Gobierno de "una enorme gravedad" por la que se pone en cuestión la legitimidad de la democracia en España.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura en 'Más de uno' que el Partido Popular ha logrado "instrumentalizar al Tribunal Constitucional" y critica el continuado veto del PP para la renovación de los magistrados del CGPJ.
"El PP está dispuesto a utilizar todos los instrumentos y llegar a donde tengan que llegar con tal de adelantar las elecciones", advierte la ministra sobre las graves consecuencias y precedentes que esto implica "para la madurez democrática".
En opinión de Montero, si el PP consideraba que el procedimiento elegido por el Gobierno para la elaboración de la norma era inconstitucional se tendría que haber hecho "como siempre se ha hecho"; esperar a la aprobación de la norma y, después, llevarla al Tribunal Constitucional pidiendo las medidas cautelares.
No se puede irrumpir en la democracia de las Cámaras para condicionar la elaboración de una ley
Al no hacerse así, la ministra denuncia que ahora "se ha producido una crisis institucional" con una enorme "tensión entre los poderes". Además, el hecho de que el Constitucional haya convocado un pleno en 24 horas para decidir sobre cuestiones que afectan directamente a su renovación "es una situación inédita y realmente grave".
Para Montero, este es un "día triste para la democracia" por la dudosa separación de poderes que se produce desde ahora.
"No se puede ser demócrata y no respetar lo que democráticamente se elige en el Congreso de los Diputados y las tareas que se tienen que realizar en el Congreso", asegura la ministra socialista mientras insiste en que "no se puede irrumpir en la democracia de las Cámaras para condicionar la elaboración de una ley".
Ahora, una vez paralizada la tramitación de la norma, el Gobierno considera necesario estudiar "con serenidad" los fundamentos jurídicos y las resoluciones del Constitucional.