La banca española acaba de trasladar a Bruselas sus recomendaciones sobre competitividad, en respuesta a la consulta abierta por la Comisión Europea tras el informe Draghi. La prioridad del sector es clara: simplificación administrativa y reducción de la burocracia, una exigencia que coincide con las principales conclusiones del exprimer ministro italiano.
Desde 2008, la carga regulatoria ha crecido de forma exponencial, generando duplicidades entre organismos. Los bancos españoles reclaman definir con precisión quién regula y quién supervisa, sin que ello suponga relajar los estándares prudenciales.
El sector no pide desregulación, sino reorientar el crédito hacia las inversiones que necesitan las empresas europeas para ganar competitividad. El objetivo final es que ese crecimiento se traduzca en más empleo y mejores salarios para los ciudadanos, cerrando así el círculo entre financiación, actividad económica y bienestar social.
A ello se suma la petición de avanzar en la profundización del mercado único y en la culminación de la unión bancaria, dos proyectos históricos de la agenda comunitaria que siguen incompletos décadas después de su concepción.
Las crisis siempre han sido catalizadoras de cambios, y en Bruselas comienza a percibirse una voluntad renovada de actuar. Pero el principal riesgo para Europa sigue siendo el mismo de siempre: su tendencia estructural a tomar decisiones demasiado lentas y de menor calado del que la situación exige.