Rafa Latorre, sobre la investigación de Adamuz: "La CIAF no debía ser un organismo adscrito al Ministerio de Transportes"

De entre las prácticas más antidemocráticas de esto que de forma muy exagerada que llamamos legislatura está el decreto botillo. Es una receta legislativa que consiste en embutir todo tipo de iniciativas en un mismo decreto y luego servírselo a los diputados para que se lo coman disciplinadamente. Y ahí dentro pues va, la inclusión en la comisión del CNI de Pablo Iglesias, los desahucios, un palacete para el PNV y luego las pensiones.

Es un botillo legislativo, porque ocurre como con el tradicional plato berciano, aunque para darle una pátina de modernidad lo llaman decreto Ómnibus. En cualquier caso se trata de un artefacto antidemocrático porque además no hay negociación sino chantaje.

La actualización de las pensiones bien se podría aprobar como una iniciativa particular. Probablemente obtendría la unanimidad de la Cámara, pero el Gobierno piensa y si utilizamos de rehenes a los pensionistas y así obligamos a estos caníbales de la derecha a aprobar toda una serie de medidas que van contra su ideario y contra su programa. Y si no lo hacen decimos que quieren quitarle la paga a tu abuelo.

Este es un discurso, no obsceno, pornográfico para cualquier persona con una mínima sensibilidad hacia el populismo. Pero se han rebasado ya todos los límites estéticos, de los éticos, ya ni nos acordamos

El resultado es una nueva derrota parlamentaria del Gobierno, tras un debate estéril en el que no se debatió lo pertinente de las medidas sino lo antidemocrático del artefacto en el que iban contenidas. Por decirlo de forma más sencilla y suculenta, la oposición no ha querido comerse este botillo. Y lo anómalo de este Congreso es que la oposición es mayoría. Por eso claramente llamar a este periodo legislatura, porque lo que se dice legislar, se legisla poco y si es posible se hace siempre sin pasar por el Parlamento.

El decreto botillo contenía las pensiones y luego toda una serie de condimentos sociales que no eran del gusto de los grupos que lo han tumbado, que son el PP, Vox y Junts. De manera que no han querido comerse el botillo y quien ha tenido que comérselo es el Gobierno.

En caso claro de proyección, Pedro Sánchez ha dicho que los grupos que votan en contra de su artefacto omnibús están tomando a los pensionistas como rehenes. Cuando es exactamente lo contrario, si él tramitara la actualización de las pensiones de forma particular, como debe y como le piden tanto el PP como Junts, lo habría sacado adelante pero estos decretos omnibus sirven a un interés muy claro, que es precisamente plantear un chantaje con los pensionistas como rehenes.

Núñez Feijóo le ha contestado en las redes sociales. Dice: "El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El PP cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también".

Sánchez tiene nuestra proposición de ley para subir las pensiones registrada desde noviembre.

Que tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la "inquiokupación".

Claro, porque el decreto incluye entre otras medidas una contra los desahucios de la que discrepan tanto el PP como Junts. Pero no crean que hay un principio detrás de esta estrategia, porque si de verdad el principio rector fuera el interés de los pensionistas, se habría garantizado la aprobación de la actualización de las pensiones mediante un tramitación particular.

La propuesta de PSOE y Podemos para regularizar inmigrantes

Ocurre algo parecido con los inmigrantes. El Consejo de Ministros ha aprobado un cambio en el reglamento que permitirá la regularización de medio millón de inmigrantes. Esto únicamente esta guiado por el principio de utilidad, quiere recuperar a Podemos en su labor de reconstrucción de algo que pueda ser llamado mayoría parlamentaria.

Por eso no es incompatible con transferir las competencias de Inmigración a Cataluña para que Junts pueda cobrarse una victoria frente a la xenófoba Alianza Catalana. Vamos, que si fueran necesarios los votos de Alianza Catalana no tendría ningún reparo en deportar en lugar de regularizar. Tarajal es testigo.

Continúan las declaraciones de Puente sobre el sistema ferroviario

Tras este Consejo de Ministros ha comparecido Óscar Puente, el ministro de Transportes, que ha presentado las ayudas a las víctimas de Adamuz: en un plazo de tres meses, los familiares de una persona fallecida en el accidente recibirán algo más de 210.000 euros.

Después de haber sido corregido desmentido más bien por el presidente de la CIAF, que es la Comisión encargada de la investigación del accidente de Adamuz.

Bien, Óscar Puente no se ha tomado bien estas palabras y de una forma más fina de lo que es habitual en Óscar Puente, el ministro de Transportes le ha mandado callar así

Hay algunas diferencias entre Óscar Puente e Iñaki Barrón. La principal es que Barrón sí sabe de tráfico ferroviario y Puente no tiene ni idea porque es abogado. La segunda es que Barrón tiene la encomienda de investigar las causas del accidente y Puente parece que sólo quiere encontrar un relato político que le permita salir bien parado.

Y en cualquier caso, Puente no debe presionar a un organismo que esta investigando las razones de un accidente. Aunque ese organismo haya destrozado su argumentario falaz.

Miren, respecto de la CIAF. Una aclaración sobre la CIAF. En realidad debería ser innecesaria pero algunos colegas que hacen como que ignoran esto. Cuando es bastante elemental. Miren, la CIAF no debía ser un organismo adscrito al MInisterio de Transportes. No debería.

Después del accidente de Angrois, la Unión Europea conminó a España a crear un organismo independiente para la investigación de accidentes ferroviarios. No lo hizo y esa morosidad lastra inevitablemente la credibilidad de las instituciones. Pero al fin, saben ustedes, la dignidad de un cargo la defiende quien ocupa el cargo, que se puede comportar como un servil o como una persona autónoma.

Por ejemplo tanto a Eduardo Torres Dulce como a Alvaro García Ortiz los nombró Fiscal General del Estado el Gobienro. Pero ante las injerencias a su autonomía uno se comportó dignamente y el otro se convirtió en el ministro 23.

Esto vale también para Isabel Perelló, que preside un órgano tan cuestionado como el CGPJ. Ha hecho siempre un alarde autonomía. ¿Eso significa que no haya que dotar de mayor independencia al CGPJ? No, significa que Perelló es una persona digna.

Bien, pues lo de la CIAF es lo mismo. Sería mucho mejor que fuera un organismo independiente pero al fin una persona digna puede dignificarlo y tal parece el caso de Iñaki Barrón. El ministro dijo que este era un accidente misterioso del que quizás nunca sabríamos la causa.

En cinco días sacó un informe preliminar. El ministro dijo que habían hecho una reforma integral de la línea Madrid-Andalucía. Barrón dijo que no es así, que integral no es. El ministro quiso desmentir a El Mundo para imponer su versión falaz. Y Barrón ha confirmado que lo que se investiga es la soldadura de dos vías, una antigua y otra nueva.

Es normal que esto no le guste al ministro. A los ciudadanos sí nos debería satisfacer. Porque significa que alguien al menos quiere hallar las verdaderas causas de un accidente sin importarle que la verdad desmonte los relatos políticos que va improvisando su ministro.

Pero, bueno, todo es cuestión de gustos. Habrá quien disfrute más con un cuentacuentos político de tres horas que con un gris informe científico.