La polémica de los protocolos contra el acoso en los colegios: "Si se aplicaran bien, muchos niños no se habrían suicidado"

Rafa Latorre abordó en "La Brújula" uno de los temas que más inquietan a cualquier padre: el acoso escolar y sus consecuencias más extremas. En una conversación cargada de datos, experiencias y reproches a las instituciones, José Manuel López, presidente de Trencats, relató cómo el suicidio de su hija Kira, con 15 años, le llevó a fundar una asociación para combatir la violencia en las aulas y exigir cambios reales en los centros y en la Administración.

"Lo que le ocurrió a mi hija no es normal"

Preguntado por qué le llevó a crear la asociación, López recordó que el origen fue el fallecimiento de su hija, víctima de acoso escolar, y la constatación de que no se trataba de un caso aislado. Explicó que en el mismo centro educativo había al menos otros tres menores con ideación suicida y que percibió una cierta normalización del drama: "Lo que le ocurrió a mi hija no es normal. Y que se tolere el acoso escolar no es normal en nuestra sociedad".

Relató cómo, tras la muerte de Kira en 2021, él y la madre de la menor, María José, decidieron "actuar" en lugar de quedarse paralizados por el dolor. Empezaron a acudir al Parlament de Catalunya, enviaron cartas a diputados autonómicos y nacionales y llevaron más de 230.000 firmas a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para reclamar cambios efectivos en la lucha contra el acoso.

El protocolo: herramienta clave… y coartada

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el papel de los protocolos contra el acoso escolar. López sostiene que, cuando se aplican desde el principio con la intención clara de proteger a la víctima y reconducir la conducta del agresor, funcionan. Pero advirtió de que esa misma herramienta puede convertirse en una coartada burocrática para aparentar que se hace algo sin intervenir de verdad: "La misma herramienta que puede solucionar el problema puede ser un problema".

Denunció que, en muchos casos, los equipos directivos se limitan a cubrir el expediente en términos administrativos, mientras el maltrato continúa en el día a día del centro. Subrayó que apenas hay consecuencias cuando no se aplica el protocolo y recordó que, antes de que se active, "han habido muchas dinámicas de maltrato hacia el chico".

Puso como ejemplo Cataluña, donde se ha logrado que no sea necesaria la repetición del daño para considerar que hay violencia y el protocolo ha pasado a llamarse "contra la violencia en las escuelas", aunque muchos centros, según dice, siguen sin enterarse ni aplicarlo.

La responsabilidad de los padres de los agresores

Latorre introdujo otro elemento clave: el papel de las familias de los acosadores. El periodista insistió en que toda la carga no puede recaer sobre los padres del niño acosado y que también deben implicarse los progenitores del menor que agrede. López coincidió y alertó de que muchos padres están convencidos de que su hijo "no puede ser un maltratador", cuando la realidad puede ser distinta.

Aseguró que, en una clase, "vas a tener o un acosador en casa, o un acosado o un espectador" y que los tres sufren, aunque de forma diferente. Aportó un dato especialmente inquietante: el acosador presenta también un porcentaje elevado de ideación suicida, cercano al del acosado.

Para él, un menor que disfruta haciendo daño a otros tiene "un problema grave de conducta" que debe reconducirse desde infantil; si se le permite y hasta se le aplaude, "tendremos una persona adulta que va a generar muchos problemas en la sociedad".

Qué puede hacer una familia cuando detecta acoso

Cuestionado sobre los pasos que deben dar los padres que perciben que su hijo no quiere ir al colegio, está apático o deprimido y sospechan de acoso, López distinguió entre centros públicos y concertados o privados. A su juicio, en los concertados "el niño es un cliente, no un alumno", y el conflicto se aborda a menudo por la vía civil o penal contra una sociedad mercantil, mientras que en la escuela pública se entra en fricción con toda la estructura administrativa.

Detalló el dilema al que se enfrentan muchos progenitores: si dejan de llevar al menor al centro, pueden verse señalados por servicios sociales; si lo siguen llevando, saben que "lo van a tratar mal". Por eso recomienda acudir con rapidez a un profesional de la salud mental para que emita un informe sobre el maltrato, presentar ese dictamen ante la inspección educativa y exigir una solución.

El problema, reconoce, es que en demasiadas ocasiones la única salida real es cambiar de colegio a la víctima, lo que supone "focalizar de nuevo en el niño acosado" y reforzar su sensación de culpa.