El empresario Julio Martínez ratifica ante el juez que Zapatero cobró una comisión por el rescate de Plus Ultra

El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado ante la Audiencia Nacional que el exlíder socialista cobró una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra, así como 5.000 euros al mes durante un tiempo de los propietarios de la aerolínea, aunque no sabe si realizó gestión alguna o con quién.

Martínez ha seguido la línea del escrito que envió al juez antes de su declaración y ha indicado que esta comisión de alrededor de medio millón de euros fue abonada en diferentes partes a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda. Aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, ha dicho que el expresidente pidió que se cobrase a través de diferentes empresas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Esto muestra un cambio de estrategia por parte del empresario, ya que ahora se muestra "dispuesto a colaborar". Al igual que en ese escrito dijo que el exlíder socialista "marcaba los pasos a seguir", en la declaración ante el magistrado ha calificado a Zapatero como "un consultor muy apreciado para gestiones complejas en Venezuela y por eso le contrataban".

Desconoce qué gestiones hacía Zapatero y con quién

Ha señalado al Zapatero como la persona que captaba los clientes para Análisis Relevante, y ha afirmado que él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, sin llegar a saber las gestiones que este en su caso hiciese ni con quién.

La declaración ha durado alrededor de tres horas y media y ha respondido a las preguntas del juez y de la Fiscalía Anticorrupción. El escrito enviado al juez el lunes contenía seis páginas en las que detallaba el funcionamiento de su empresa y su relación con Rodríguez Zapatero, al que señalaba como la persona que dirigió la estrategia para lograr ayudas públicas a la aerolínea venezolana.

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.

El Gobierno defiende su actuación en el proceso

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha defendido la actuación del Gobierno de España durante el caso. "Fue la correcta", ha respondido contundentemente, al tiempo que ha detallado todos los procesos que el Ejecutivo llevó a cabo en su momento.

Asimismo, no se ha querido pronunciar sobre las estrategias, versiones o declaraciones que se produzcan durante la instrucción judicial. "Estamos en una fase inicial de la investigación", ha recordado la ministra, y ha reiterado la "total colaboración" con la Justicia y su defensa de la presunción de inocencia.

La exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, también ha asegurado que mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno y ha dicho que las nuevas acusaciones contra él en el caso Plus Ultra responden a "estrategias" de las defensas de otros acusados.

"Han cambiado su versión respecto a lo que declararon en un primer momento, llevándoselo al ámbito de la sentencia de Ábalos en relación con Aldama", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, en la que ha apuntado a los beneficios penitenciarios obtenidos por "haber señalado directamente a personas que nada tuvieron que ver con la causa que se investiga".

Además, cree que es "una línea peligrosa porque se ampara en mentiras" y ha advertido de que "otros van a seguirla porque su defensa espera recibir beneficios penitenciarios por señalar a presuntos implicados con cuestiones que no tienen por qué corresponderse con la verdad".

El PP critica la "soberbia" del Gobierno pese a estar marcado por la "agenda judicial"

La vicesecretaria nacional de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado la "soberbia" del Gobierno negándose a convocar elecciones pese a estar condicionado por la "agenda judicial", con tres condenas y la mujer del presidente, Begoña Gómez, "ya sentada en un banquillo".

Lo ha afirmado en una rueda de prensa desde Palma en la que ha asegurado que la "agenda judicial no puede marcar el día a día de la sociedad española" y que lo único que le preocupa al Gobierno es la declaración del empresario Julio Martínez en la causa que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que el Partido Socialista debería abrir expediente a José Luis Rodríguez Zapatero y pedirle explicaciones, porque "esconder la cabeza" en este caso es un suicidio colectivo" del PSOE y del Gobierno.

Para el presidente andaluz, "el círculo se va cerrando" sobre Rodríguez Zapatero y "cada vez hay más evidencia de que no ha hecho un uso supuestamente legal" de la consultora que montó. Lo que más sorprende a Moreno de esta situación es que Rodríguez Zapatero "no haya dado ningún tipo de explicación" ni haya "dado la cara a la opinión pública".