El monólogo de las ocho: "Los beneficios de la malversación no son fruto de un error sino que son deliberados"

El texto de la reforma de la malversación ni siquiera está todavía publicado en el BOE, pero conviene recordar que el goteo de rebajas de la ley del sólo sí es sí comenzó exactamente así. Un juez ya ha avisado al abogado de uno de sus encausados de que podría beneficiarse de un cambio en el Código Penal.

Cuando esto ocurrió con la ley del sólo sí es sí, Podemos pretendió culpar al juez, como si estuviera en metido en una conspiración con la defensa para rebajarle la pena a un violador condenado. No, el juez actuó como debía, el defensor buscó el beneficio de su defendido y con el tiempo se demostró que el problema era una deficiente redacción de la ley.

El caso ahora es distinto, porque los beneficios retroactivos de la rebaja de la malversación no son fruto de un error sino que son deliberados para beneficiar a unos delincuentes muy concreto que son los ingenieros del procés que utilizaron dinero de todos para construirse una república en Cataluña. Lo que pasa es que además de ellos, pueden beneficiarse otros malversadores y eso es lo que parece que va a ocurrir a partir de que el día 12 la reforma se publique en el BOE.

El juez del 'Caso Acuamed' pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si modifica sus peticiones por la reforma de la malversación. Es el primer indicio de que la reforma de la malversación puede producir algo similar a la ley de sólo sí es sí y se desate un goteo.

En la causa se investigan actuaciones corruptas en torno a la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que supuestamente aceptó comisiones millonarias de constructoras a cambio de adjudicaciones infladas entre los años 2007 y 2014.

En concreto, el magistrado solicita a la Fiscalía que revise su petición de tramitar el asunto por la vía del sumario, reservada a delitos que conllevan penas por encima de los nueve años de prisión. Ese requisito se cumplía indudablemente con la regulación hasta ahora vigente del delito. Sin embargo, a partir del jueves ciertos tipos de malversación en los que los fondos públicos no se dirigen al enriquecimiento personal o de terceros conllevan penas mucho más reducidas.

Bien: esta es una decisión muy inicial que puede terminar beneficiando o no a los encausados, pero ya empiezan a percibirse algo demasiado parecido a lo de entonces. Incluso se empieza a apreciar ya la misma zozobra en el argumentario oficial.

Y si la misma portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez pasa semejantes dificultades para explicar lo inexplicable, ahora imagínense lo tortuoso que se vuelve la justificación a medida que uno se aleja del núcleo monclovita. Bueno, no hace falta que se lo imaginen. Escuchen los esfuerzos del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que esta mañana ha visitado Más de Uno con Carlos Alsina.

Claro, ¿cuál es el problema? Primero que Juan Lobato, que es un hombre con apariencia noble, no se cree lo que está diciendo. Pero es que además sólo hay un argumento por el que Pedro Sánchez ha decidido reformar el delito de malversación y es evitarle la cárcel a los malversadores del procés. No hay más argumento. No se hace para afinar la lucha contra la corrupción o porque el delito estuviera mal tipificada, de manera que sí hay algo que diferencia esta reforma de la ley del sólo sí es sí. Que en aquella la retroactividad fue un error o fue ignorada, en este caso se busca la retroactividad porque quiere beneficiar a una delincuentes concretos ya condenados.

Días después de que se publique en el BOE el salvoconducto legal para los ingenieros del procés se celebrará en Barcelona la cumbre hispano francesa que Sánchez pretende convertir en la ceremonia de clausura del procés. Atención a esto porque Esquerra ha decidido manifestarse junto a Junts y a la CUP, a pesar de que Pere Aragonés acudirá a la cita como presidente de la Generalitat. Es esta cosa esquizoide de pisar a la vez la moqueta y el asfalto pero que le arruina al Gobierno el relato triunfal. Y ya veremos si al calor de los beneficios penales se produce alguna aparición estelar.

Alberto Núñez Feijóo ha atacado al gobierno describiéndolo como el primer ejecutivo intervenido de la historia de España

El barón castellanomanchego Emiliano García Page no deja de llevarse disgustos y de enfadarse con el Gobierno. Ahora que hablamos de las cesiones del Gobierno a Cataluña. Page denuncia que la nueva Ley de Universidades "se sale por completo del marco constitucional". No ha sido solo Page, pero ha sido también Page. Más de 1.000 profesores y catedráticos universitarios de toda España han escrito una carta a los senadores y diputados de las Cortes Generales para pedirles que eliminen el polémico artículo 45.2.g del proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu).

Ese artículo es el que permitirá a los claustros de las universidades posicionarse políticamente, como hicieron los campus catalanes tras la sentencia del referéndum ilegal del 1-O. No estamos hablando de libertad de cátedra, de lo que diga un profesor en un aula, donde el profesor es soberano. Estamos hablando de que las universidades se pronuncien políticamente como institución y como se trata de una de esas cesiones que el nacionalismo celebra efusivamente es evidente lo que cabe esperar, que terminen convertidas en agentes políticos.

Esto había pasado inadvertido, de hecho, hasta que Marta Rosique desveló que iba a permitir a los campus "posicionarse" en asuntos de "profunda actualidad política", recordando que la Universidad de Barcelona o la Universidad Politècnica de Catalunya han sido denunciadas y condenadas por los tribunales por este motivo y dando a entender que este tipo de condenas ya no se producirán. Hoy lo denunciaban estos 1000 profesores y catedráticos en una carta pública y también Emiliano García Page