Qué se sabe de la adjudicación de viviendas públicas en Alicante: el "pelotazo" por el que ha dimitido la concejal de Urbanismo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, que se inició en 2018, por "sospecha" de posibles irregularidades.

Por qué se investiga la adjudicación

La medida se produce a raíz de que este miércoles se conociera que una concejal popular, un arquitecto municipal, los dos hijos y una sobrina de una alto cargo, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, habían sido adjudicatarios de viviendas públicas en ese área, la primera promoción de inmuebles públicos en la ciudad de los últimos 20 años.

Barcala ha recalcado que "llegará hasta el final" por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía "la menor sospecha" sobre la tramitación de este expediente urbanístico. Para ello, ya ha pedido al secretario general del Ayuntamiento que inicie un expediente de averiguación de hechos y se ha comprometido "a informar con todo detalle de la tramitación del mismo durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión".

Dimite la concejal de Urbanismo

La concejal beneficiada con la adjudicación de una de las viviendas fue la de Urbanismo, Rocío Gómez, que anunció este viernes su dimisión, un día después de conocerse que ella había resultado beneficiada. Gómez, que actualmente se encuentra de baja por maternidad, informó de que en los próximos días presentaría oficialmente su cese y recalcó que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas "antes de entrar en política".

Este aspecto también fue confirmado por el alcalde este viernes que, en una intervención ante los medios sin preguntas, aseguró que Gómez adquirió la condición de adjudicataria en 2018, cinco años antes de llegar a la política como concejala de Urbanismo (2023), y añadió que la licencia de las obras de construcción del inmueble se concedió en 2022, también un año antes de su entrada en el ayuntamiento.

La cooperativa de las VPP dice que la promoción es privada y que Generalitat revisa los datos de compradores

Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, construido en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha señalado que se trata de "promociones privadas" y que "sus viviendas son adjudicadas directamente por la propia cooperativa entre sus socios". También ha aseverado que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, "para emitir el contrato visado, entre otras comprobaciones, revisa de forma totalmente objetiva los datos económicos del adquiriente, que le son facilitados directamente por Hacienda".

La entidad gestora ha afirmado que "se trata de una promoción de VPP privada en régimen de cooperativa" y que "la parcela en la que se han promovido las viviendas fue adquirida por la cooperativa en un concurso público al que se presentó, junto con cuatro licitadores más".

Igualmente, asegura que, "ante las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante durante el proceso de licitación, en contra de los derechos de esta cooperativa", esta acudió a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dictó una sentencia "por la que anuló la decisión" del consistorio "y le obligó a continuar el procedimiento hasta su adjudicación" a esa cooperativa. "Por tanto, la adjudicación de la parcela a esta cooperativa es consecuencia de una sentencia judicial", añade.

También subraya que, "una vez adjudicada la parcela", se edifican las viviendas "en régimen de cooperativa, lo que implica que son los socios los que pagan la obra, asumiendo el riesgo de cualquier posible sobrecoste".

En este punto, indica que la adjudicación "no la realiza ni el Ayuntamiento de Alicante ni ninguna administración pública", porque, según recalca, "se trata de una promoción de VPP privada". "Las viviendas fueron adjudicadas por la cooperativa entre sus socios", asevera, y agrega que ello se hizo "conforme al artículo 44" del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las VPP de la Comunitat Valenciana.

"Las viviendas se adquieren mediante contratos de adjudicación de vivienda y no de compraventa, por tratarse de una cooperativa en la que, insistimos, los socios asumen el pago y el riesgo de la obra", indica.

Del mismo modo, indica que la cooperativa "se constituyó en 2018 para presentarse a la enajenación pública de la parcela" y que dicha cooperativa "se completó rápidamente, sin necesidad de publicidad, fundamentalmente con la lista de espera de la promoción que la gestora estaba desarrollando en ese momento en el PAU 5 (Playa de San Juan), igualmente en formato de cooperativa".

Según la entidad, el solar donde se han construido esas viviendas "fue comprado por la cooperativa el 29 de marzo de 2022" y que "por la fecha de adquisición" de ese terreno "a la promoción le afectan tres reglamentos de vivienda protegida distintos: el vigente en el momento de la adquisición, el Decreto 68/2023 y el Decreto 180/2024", "por lo que la cooperativa inicia el visado de contratos una vez aprobado el último". "Finalmente la promoción se entrega a los socios en verano de 2025", ha detallado.

Respuesta de la Generalitat

Este asunto ha acaparado la actualidad política en la Comunidad Valenciana y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que las personas que optaron a dichas viviendas "cumplían los requisitos", aunque al mismo tiempo ha calificado de "muy grave" lo conocido.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a "asumir responsabilidades" por "un mal uso" del poder en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido de que "la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios".

En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera un "pelotazo urbanístico" y ha concluido que se trata "del mayor escándalo" en la ciudad coincidiendo con "un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda España".