Siete comunidades autónomas no han cumplido la reducción de precios de grado acordada, según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU).
En un comunicado el observatorio ha apuntado que Baleares debería reducir su precio medio en 29 euros, Madrid en 290 euros y el País Vasco en 48 euros para cumplir con lo acordado en la Conferencia General de Política Universitaria, que dio de plazo hasta el curso 2022-2023 para llevar a cabo la reducción.
El OSU ha concluido que, en el estado actual de cumplimiento de los acuerdos, existe una "gran diversidad de precios por comunidades autónomas", donde por ejemplo unos estudios del máximo nivel de experimentalidad en Cataluña cuestan más del doble que en Andalucía, y unos del mínimo nivel de experimentalidad en Madrid cuestan dos veces y media más que en Asturias.
Además, la CGPU acordó reducciones en las matrículas de los másteres llamados habilitantes, pero según la OSU ocho comunidades autónomas han empezado a rebajar los precios y únicamente Asturias ha completado la reducción acordada.
El OSU ha constatado igualmente una gran diversidad de precios entre comunidades autónomas, ya que en Madrid la primera matrícula de un máster habilitante cuesta 3,5 veces más que en la comunidad más barata (y 7,2 veces más en el caso concreto del máster de acceso a la abogacía de la Universidad Carlos III).
El Observatorio ha lamentado que los másteres no habilitantes, el 91,9% del total, han quedado fuera de los acuerdos de reducción de precios.
Ha celebrado que Castilla y León, Catalunya y La Rioja hayan bajado sus matrículas de estos másteres un 18, 40 y 11,5% respectivamente, ha tildado las diferencias entre comunidades de "extremas" ya que el precio del máster no habilitante más caro (en Murcia) es 4,7 veces el del más barato (en Galicia).
El OSU también ha alertado de la "dudosa legalidad" de los másteres a precios diferenciados, existentes en Asturias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y el País Vasco, así como cinco en la UNED.
Por último, ha criticado que las comunidades autónomas "siguen sin indicar en sus decretos de precios ni cuáles son los costes de prestación del servicio ni qué relación guardan con los precios fijados en cada caso", ya que dicho factor es el que, según la ley, debe guiar los precios públicos.