Piden tres años de cárcel para Bárbara Rey y sus hijos por un presunto delito de alzamiento de bienes

La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años y medio para Bárbara Rey por un delito de alzamiento de bienes a través del cual presuntamente trató de eludir el pago de una deuda con la Agencia Tributaria a partir de 2011.

El Ministerio Público también acusa a sus dos hijos, a su hermana y otras tres personas de su entorno para los que pide dos años y medio de cárcel. El juicio estaba fijado para este próximo lunes, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que suspender la vista porque una de las procesadas está en paradero desconocido.

Acorde con la acusación, Rey actuó con varios familiares "con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro" de la Agencia Tributaria. Para ello, acordaron empezar un plan de disposiciones patrimoniales para "generar la quiebra de las deudas contraídas, haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares".

Según el relato, operaron para que sus bienes no estuvieran a su nombre. Los familiares de la artista supuestamente la ayudaron a deshacerse de varias fincas en Madrid y Málaga de las participaciones que tenía en varias empresas. En total 13 movimientos económicos y societarios para que Hacienda no encontrara sus bienes.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para la principal acusada, una multa de 7.200 euros y la nulidad absoluta de todas las operaciones de transmisión realizadas. Para sus hijos y las otras personas partícipes la pena de prisión se reduce a dos años y medio y la multa a 5.400 euros.

La Agencia Tributaria realizó una inspección a Bárbara Rey relativa a los ejercicios de 2006 y 2008 por el pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la deuda con Hacienda alcanzaba los 247.335 euros en 2013. Según el Ministerio Público la familia habría realizado operaciones destinadas a simular una situación de indefensión económicas que habría imposibilitados los créditos reclamados por la Agencia Tributaria.