El equipo que encabeza Marina propone una formación teórica y práctica inicial de siete años: grado de Magisterio o especialidades académicas (cuatro años) y una prueba nacional de selección para ingresar "en el proceso de profesionalización y especialización docente" (tres años).
Esta prueba daría el acceso a un máster teórico y práctico de un año impartido en una red de Centros Superiores de Formación del profesorado y, a continuación, habría dos años de prácticas docentes (con "retribución adecuada") en un centro educativo bajo la dirección de un profesor tutor.
Aparte, todos los docentes no universitarios deberán ser evaluados "periódica y sistemáticamente", según criterios como el progreso educativo de los alumnos y su opinión, la observación del docente en el aula, los resultados del centro y la relación del profesor con las familias.
Los futuros docentes realizarán dos años de prácticas en un centro educativo, para lo que se establecerían unas pruebas nacionales de acceso y, en función de su nota, cada aspirante entraría en el centro de formación de su elección.
Transcurridos los tres años de formación tras el grado, los profesores que quieran acceder a la función pública docente serían sometidos a una evaluación final.
Los expertos sugieren como objetivo que, en el plazo de cinco años, las personas con más talento se interesen por la profesión docente y reciban una formación inicial y continua "excelente".
En cuanto a la dirección de los centros, el documento apunta que hace falta un equipo "muy competente y emprendedor"; el director, además de estar acompañado por un gerente y un jefe de estudios, deberá buscar "los procedimientos para atraer a la escuela recursos del entorno" y sacarla "hacia la sociedad".
Los directores deberían ser seleccionados entre docentes con experiencia en el aula y tendrían que aprobar un curso de formación en los citados Centros Superiores de Formación del profesorado, donde también realizarían un máster los docentes que quieran acceder a la Inspección.