"Se han llevado hasta la vajilla": así ha quedado el convento de Belorado tras la huida nocturna de las monjas cismáticas

Fundado en el siglo XV y habitado desde hace siglos por clarisas, el monasterio de Santa Clara de Belorado era hasta hace unos meses un enclave de vida contemplativa en la comarca burgalesa. Este cenobio, que había sobrevivido a guerras, desamortizaciones y crisis vocacionales, se ha quedado ahora sin comunidad y, según el Arzobispado, sin buena parte de su contenido material.

Las dependencias que durante décadas albergaron coro, clausura, archivo y estancias comunes se han encontrado "muy deterioradas" y vaciadas de muebles, hasta el punto de que la propia diócesis admite que "no está en condiciones de habitarlo a corto plazo".

Tras la entrega de las llaves por parte de los abogados de las exreligiosas, la comisión judicial y los representantes del arzobispo Mario Iceta han recorrido el recinto durante tres horas para documentar su estado y dejar constancia en un acta oficial.

A la salida, el portavoz del comisario pontificio, Natxo de Gamón, ha insistido en que el monasterio aparece desmantelado, sin archivo eclesiástico y con carencias básicas de habitabilidad, lo que obliga ahora a la Iglesia a plantearse la protección inmediata del inmueble y el futuro de un espacio que, en otro tiempo, fue símbolo de estabilidad monástica.

Una huida de madrugada y un convento desmantelado

Pese a que la fecha de desahucio estaba fijada, las exmonjas abandonaron el monasterio de Belorado de madrugada, horas antes de que se hiciera efectiva la orden judicial. Lo hicieron sin presencia ya del obispo cismático Pablo de Rojas ni del falso cura José Ceacero, que habían salido del recinto meses antes, pero dejando tras de sí un edificio que, según la Iglesia, ya no se parece al monasterio que conocían los vecinos.

El Arzobispado sostiene que "se han llevado prácticamente todo": muebles, enseres, archivo de la Iglesia, piezas litúrgicas e incluso la vajilla, hasta el punto de que el inmueble ha quedado vacío y sin condiciones mínimas para alojar a una comunidad. El portavoz del comisario pontificio ha subrayado que se ha tenido que cambiar de inmediato la cerradura y que no se descarta instalar alarmas o contratar seguridad privada para evitar nuevas ocupaciones o el expolio de lo poco que queda.

Desde el entorno de las exmonjas, sin embargo, se defiende que el convento ha quedado "en perfecto estado" y que no se han llevado "nada que no fuera suyo", discrepancias que también han quedado recogidas en el acta judicial.

En los próximos días, los servicios jurídicos de la Archidiócesis revisarán el inventario y estudiarán posibles reclamaciones para recuperar bienes que consideran que pertenecen al patrimonio del monasterio. Mientras, el cenobio de Santa Clara permanece vacío, protegido por nuevas cerraduras y a la espera de que la Iglesia decida si lo rehabilita, lo entrega a otra comunidad o lo reconvierte, mientras el eco del cisma de Belorado sigue resonando como uno de los episodios más insólitos de la historia reciente de la Iglesia en España desde el cisma del Palmar de Troya.

Del "Manifiesto católico" al desahucio: el cisma que lo cambió todo

El conflicto de Belorado estalló públicamente el 13 de mayo de 2024, cuando diez de las entonces dieciséis clarisas hicieron público un escrito anunciando su decisión de abandonar la Iglesia católica y ponerse "bajo la tutela y jurisdicción" de Pablo de Rojas, un personaje excomulgado años atrás por la jerarquía romana. Ese "Manifiesto católico", difundido en redes y medios, fue la primera piedra de un cisma sin precedentes recientes en España, en el que se mezclan desobediencia religiosa, enfrentamiento jurídico y una operación inmobiliaria frustrada.

Detrás del choque, la Santa Sede y el Arzobispado de Burgos situaron el intento de las monjas de vender un monasterio vacío en Derio (Vizcaya) para comprar otro en Orduña, una operación valorada en 1,2 millones de euros que Roma había bloqueado al no conceder permiso.

En respuesta al desafío, el papa Francisco nombró al arzobispo Mario Iceta comisario pontificio con plenos poderes sobre los monasterios de Belorado, Derio y Orduña, lo que le dio la capacidad de administrar los bienes y representar civilmente a las comunidades.

A partir de ahí se desencadenó una escalada: las religiosas fueron excomulgadas, se multiplicaron los burofaxes, aparecieron falsos capellanes y se presentó una demanda de desahucio en los juzgados de Briviesca.

Denuncias, asociaciones civiles y acusaciones cruzadas

En paralelo a la batalla canónica, la abadesa Sor Isabel de la Trinidad denunció a Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho de asociación, mientras el Arzobispado advertía de la creación de asociaciones civiles con las que las monjas habrían intentado cambiar el estatus jurídico de los monasterios para despojarlos de su naturaleza religiosa.

En los meses siguientes, la comunidad cismática llegó a contar con hasta tres asesores espirituales distintos, entre ellos el sedevacantista argentino Sergio Casas, al tiempo que se abrían procesos por la venta de oro, obras de arte y por el presunto trato dado a las monjas mayores que permanecían fieles a Roma.

La tensión se amplificó en redes sociales, donde las exreligiosas defendían su ruptura alegando "herejías" en la Iglesia oficial, mientras la Archidiócesis equiparaba el caso con "un pequeño Palmar de Troya en el norte de España". El choque llegó a los tribunales civiles con una demanda de desahucio "en precario" presentada por los servicios jurídicos del Arzobispado, que fue admitida a trámite en noviembre de 2024 y que ha desembocado en la orden de lanzamiento ejecutada este mes.