El Gobierno aprueba la prórroga de la prohibición de los desahucios y cortes energéticos a la población vulnerable
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de la prohibición de los desahucios hasta el 30 de septiembre y de cortes energéticos a la población vulnerable hasta el 30 de junio.
El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional hasta el próximo 30 de septiembre. Además, también se ha aprobado la ampliación de la prohibición de cortes de suministros energéticos, como son la luz, el agua y el gas, para el mismo colectivo vulnerable hasta el 30 de junio.
Estas son dos de las medidas del denominado 'escudo social' que elaboró el Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus, que irrumpió en marzo de 2020, expiraban el próximo 28 de febrero. Por lo que el Ejecutivo ha visto la necesidad de ampliar los plazos ya que son indispensables para garantizar que "nadie se quede atrás".
¿Quiénes pueden acogerse a la prohibición de los desahucios?
Las personas que pueden acogerse a esta medida antidesahucios son los siguientes colectivos vulnerables:
- Familias en situación de vulnerabilidad con niños.
- Personas en situación de dependencia.
- Víctimas de violencias machistas que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello.
No obstante, Unidas Podemos no han logrado que su socio de coalición, el PSOE, aceptara incluir en el paquete de medidas la prórroga de los contratos de alquiler.
La anterior prórroga de este escudo social fue aprobada el pasado mes de octubre en el Consejo de Ministros, donde ya se contemplaba estas dos medidas que vuelven a tener continuidad. Según apuntó entonces el Gobierno, la imposibilidad de cortes de suministros energéticos es una medida de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco desarrollado para identificar y reducir el fenómeno de la pobreza energética.
Por otro lado, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para la población vulnerable está recogida de forma permanente en la futura Ley de Vivienda, que debe pasar la tramitación parlamentaria de cara a su aprobación definitiva.
Asimismo, el Ejecutivo, sindicatos y empresarios han acordado prorrogar un mes, hasta el 31 de marzo, la regulación actual de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de pandemia.