El dato de partida sorprende incluso a quien conoce el fenómeno: alrededor del 30% de las viviendas españolas no son la residencia principal de nadie. Son segundas residencias, casas heredadas, pisos de alquiler vacacional o inmuebles sencillamente vacíos.
Esa proporción se dispara en el litoral y en las zonas de montaña, hasta el punto de que en más de quinientos municipios españoles ocho de cada diez viviendas no son la vivienda habitual de nadie. Son pueblos construidos, literalmente, para que la mayor parte de sus casas estén cerradas.
El efecto sobre la población es el más visible. Punta Umbría, en Huelva, ronda los dieciséis mil habitantes empadronados y en el centro del verano puede superar ampliamente los cien mil. Lloret de Mar, en Girona, multiplica por cinco su población en temporada alta.
No es un aumento gradual. Se concentra en unas pocas semanas, con un pico brutal entre finales de julio y mediados de agosto, y se deshincha con la misma velocidad en cuanto empieza septiembre.
Para hacerse una idea de lo que eso significa en la práctica, conviene pensar en cualquier servicio municipal. La recogida de basuras, el abastecimiento de agua, el consultorio médico o la plantilla de policía local están dimensionados para una población que durante unas semanas se multiplica por cinco o por seis.
La contrapartida es un paisaje que ha dado para bastantes reportajes: calles enteras con las persianas bajadas, locales comerciales cerrados hasta Semana Santa y urbanizaciones donde solo se ve luz en una ventana de cada veinte.
Para el vecino que vive allí todo el año, la temporada baja tiene ventajas evidentes y también un problema serio: buena parte del comercio, la restauración y el empleo desaparecen durante meses porque no hay clientes que los sostengan. Es una economía de temporada con todo lo que eso implica, con contratos concentrados en verano, dificultad para fijar población joven y servicios que oscilan entre el colapso y la infrautilización según el mes del calendario.
El fenómeno se asocia al litoral, pero tiene un gemelo tierra adentro que funciona igual y se cuenta mucho menos. Cientos de pueblos del interior peninsular pierden habitantes todo el año y recuperan en agosto a los hijos y nietos de quienes se marcharon.
Ahí el pico no lo provocan los turistas, sino las familias que vuelven a la casa del pueblo durante las fiestas patronales. Un municipio de doscientos vecinos censados puede llegar al millar largo la semana grande y volver a la cifra inicial diez días después.
La diferencia con la costa es que en el interior esa marea no sostiene una economía. No hay temporada laboral que aproveche el pico, porque dura dos semanas y no dos meses.
Durante años, este fenómeno se contaba como una curiosidad demográfica. Ahora se cuenta de otra manera, porque ha chocado de frente con el debate sobre la vivienda.
En un municipio donde la mayoría del parque inmobiliario está destinado a segunda residencia o a alquiler vacacional, quien quiere vivir allí todo el año compite por un número muy reducido de casas disponibles, y a menudo a precios fijados por la demanda turística.
De ahí que varias comunidades autónomas y ayuntamientos hayan empezado a limitar licencias turísticas y a estudiar recargos fiscales sobre las viviendas desocupadas. Es una discusión abierta y con posiciones enfrentadas, en la que conviven el derecho de propiedad, la actividad económica del municipio y el acceso a la vivienda de sus vecinos.