Madrid | 06.11.2022 14:11
Dos activistas ecologistas se pegaron este sábado a los marcos de los cuadros de 'Las Majas' de Goya expuesto en el Museo Nacional del Prado en Madrid para protestar por la emergencia climática.
En medio de ambas pinturas escribieron '+1,5º', un mensaje para "alertar sobre la subida de temperatura mundial que provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta", según defendieron.
Esta protesta se suma a otras que han sucedido en las últimas semanas. En Londres, dos ecologistas lanzaron sopa de tomate a 'Los Girasoles' de Van Gogh, expuesto en la National Gallery, mientras que en Alemania lanzaron puré de patata a un cuadro de Monet. Sin olvidar el 'tartazo' que recibió La Gioconda de Leonardo Da Vinci el pasado 29 de mayo.
Por suerte, ninguna de estas obras sufrió daños ya que los lienzos están protegidos por un cristal, excepto 'Las Majas' de Goya que no cuentan con esta barrera de seguridad. Lo tuvieron en su momento, pero se tomó la decisión de retirarlo por si la rotura del mismo rasgaba la tela.
Este vandalismo contra el arte tiene un precio, y en España quienes atentan contra el patrimonio se enfrentan a duras sanciones recogidas en el Código Penal.
Lo primero que hay que tener en cuenta es si el daño se produce por un acto vandálico o por accidente. En caso de que sea accidental, en los museos españoles destrozar una obra de arte no tiene coste alguno para el turista. Según explican en el portal 'Noticias Jurídicas', el Estado -como responsable de la guardia y custodia del patrimonio estatal- siempre es quien responde de los daños, por muy negligente que haya sido el visitante.
Marta Suárez-Mansilla, vicepresidenta de la Asociación del Derecho de Arte (ADA) y experta en derecho del arte, aclara en este medio jurídico que los museos del Estado son los que asumen todos los gastos de reparación en caso de accidente. "Sobre estos museos recae un deber prioritario de protección de las obras que custodian, que deriva directamente del artículo 46 de la Constitución".
En el caso de las obras extranjeras los museos cuentan con un seguro conocido como 'de clavo a clavo', que blinda el riesgo de daños sobre la obra "desde el momento que la pieza es descolgada hasta que regresa a su sitio original".
Sin embargo, si se trata de un acto intencionado (como las protestas de las últimas semanas) la situación cambia. "En estas ocasiones, el museo cursa una denuncia. Se debe valorar si estamos ante una acción delictiva contra el patrimonio del artículo 323 del Código Penal, o una conducta sancionable por vía administrativa cualificada", aclara la experta.
En cuanto a las penas, el artículo 323 del Código Penal recoge que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos".