ESPAÑA VACIADA

El Congreso tramitará una ley que reconoce la labor social de los bares de los pueblos

La medida permitirá que los bares de los pueblos reciban las ayudas recogidas en la ley de Economía Social.

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EFE | ondacero.es

Madrid | 28.03.2023 22:40

El Congreso tramitará la ley que reconoce la labor social de los bares de los pueblos | Pexels

Los bares, restaurantes y pequeños comercios que operan en pueblos de 200 habitantes serán consideradas entidades de economía social. Esa es la proposición de ley que ha presentado Teruel Existe y que el pleno del Congreso ha acordado tramitar por una amplia mayoría.

Esta norma, que ha contado con 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones en la Cámara Baja, equipara estos establecimientos de pueblos pequeños con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o sociedades agrarias. De esta forma, se podrán beneficiarde los incentivos y beneficios que tienen reconocidos las entidades de la economía social.

Teruel Existe defiende en la exposición de motivos de su proposición de ley que los servicios básicos que se prestan de manera privada están desapareciendo en la España vaciada y que muchos municipios de menos de 200 habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y comercio de alimentación.

"Estos establecimientos, especialmente los bares, suelen actuar también como centro social de convivencia y encuentro para la comunidad local, entre la gente del municipio, dado que no existen otros servicios de ocio, cultura o restauración", dice el texto.

La norma incide en la importancia de estos servicios para luchar contra la despoblación, dado que hay estudios académicos que sostienen que en aquellos municipios donde se cierra un bar o pequeño comercio, la despoblación avanza mucho más rápido que donde se mantienen abiertos.

"Los estudios indican que estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Por contra, está socialmente aceptado que un pueblo está sentenciado cuando cierran la escuela y el bar", reza la proposición.

Por ello, se reclama al Estado que facilite la sostenibilidad financiera y empresarial de estos establecimientos, "compensando así el servicio social que prestan estos establecimientos a la cohesión territorial de nuestro país y, en consecuencia, al bien común".