'Las 6 de La Suiza' logran el tercer grado tras una condena por ejercer sindicalismo de Gijón

El caso de Las 6 de La Suiza ha vuelto a reactivarse tras conocerse que los seis activistas sindicales encarcelados por participar en protestas a una pastelería de Gijón cumplen ya condena en régimen del tercer grado. Así lo ha confirmado la CNT en un comunicado en el que recalan. "Desde CNT seguimos, como hemos hecho desde el primer día, exigiendo la libertad de las compañeras condenadas por hacer sindicalismo".

La sentencia, ratificada incluso por el Tribunal Supremo, castigó a este grupo con tres años y seis meses de cárcel por coacciones y un supuesto delito contra la administración de justicia, tras haber presionado durante meses al propietario del local, que se negó a negociar un despido con una de sus empleadas.

Un conflicto laboral que acabo en la cárcel

Todo empezó en 2015, cuando una trabajadora embarazada pidió irse a casa tras sentirse indispuesta. Según la sentencia, el jefe no lo permitió, lo que derivó en una discusión con la pareja de la empleada, que acudió al lugar y acabó dañando un frigorífico con un golpe. Días después, la mujer cogió una baja por riesgo de aborto, y el empresario denunció a la pareja.

Dos años más tarde, la trabajadora se encontraba de baja por maternidad y, al no querer reincorporarse, pidió ayuda a la CNT para negociar una salida. El sindicato exigió una indemnización de unos 6.000 euros y la retirada de la denuncia, pero ante la negativa del dueño, se organizaron quince concentraciones frente al negocio entre mayo y septiembre de 2017.

El empresario denunció sentirse perseguido y argumentó que las protestas forzaron el cierre de la pastelería y su marcha de la ciudad. La defensa, por el contrario, alegó que el local ya estaba a la venta antes de que se iniciaran las movilizaciones.

Ingreso en prisión y reacción social

El ingreso se produjo el pasado 9 de julio, cuando el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón ordenó su encarcelamiento inmediato. Al día siguiente, los seis acudieron de forma voluntaria al centro penitenciario de Villabona, desatando una oleada de críticas desde sindicatos, plataformas civiles y formaciones políticas.

Desde USO, una de las organizaciones que ha respaldado la petición de indulto registrada a finales de mayo, se lanzaba un mensaje claro. "Seis trabajadoras han sido condenadas a tres años y medio de prisión. Ahora, han ingresado en la cárcel tras un juicio plagado de irregularidades, en el cual la Justicia ha mostrado su cara más clasista y antisindical".

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, también se ha posicionado del lado de los condenados tras reunirse con ellos. La líder de Sumar garantizó que se ocupará de que el Ejecutivo tramite el indulto en cuanto sea legalmente posible.

"Hacer sindicalismo no es delito"

Numerosos colectivos denuncian que este caso supone un peligroso precedente para quienes ejercen la acción sindical. Recuerdan que los hechos juzgados ocurrieron hace ocho años y que los condenados hoy llevan una vida completamente normalizada, con empleo, familias y arraigo.

Desde USO subrayan "Hacer sindicalismo no es delito". Añaden que resulta incomprensible que en pleno 2025 haya que seguir saliendo a la calle "para defender libertades que ya creíamos consolidadas". Según la organización, el fallo judicial responde a una interpretación desproporcionada de figuras penales como las coacciones o amenazas, cuando en realidad se trataba de concentraciones pacíficas y piquetes informativos.

Un caso que ha traspasado lo jurídico

Desde Gijón y otros puntos del país se han convocado protestas para exigir que se ponga fin a lo que califican de criminalización de la protesta laboral. El propio Gobierno del Principado de Asturias ha mostrado su respaldo a las sindicalistas, firmando también la petición de indulto.

Por su parte, la familia del empresario ha advertido que si finalmente se aprueba esa medida de gracia, recurrirá ante el Tribunal Supremo al día siguiente.