Rousseff dice que su destitución desestabilizará Brasil e impedirá la recuperación económica
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha afirmado este martes que el juicio en el Congreso con que la oposición intenta despojarla del mandato generará aún mayor inestabilidad política en Brasil e impedirá la recuperación económica por tratarse de una "ruptura constitucional".
"Necesitamos entender que ese proceso no va a traer estabilidad política al país porque rompe la base de la democracia. Se trata de un golpe", afirmó la jefe de Estado en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Rousseff dijo que el juicio político con el fin de destituirla aprobado por la Cámara de Diputados el domingo y cuya apertura está ahora en manos del Senado agravará aun más la recesión económica a la que se enfrenta el país.
"Sin democracia Brasil no se transforma y no recuperamos la capacidad de impulsar el crecimiento económico. Para crecer y combatir la pobreza se necesita de estabilidad política", aseguró.
Según la gobernante, la crisis económica ya ha sido agravada por un período de quince meses de una inestabilidad política generada por la oposición con sus diferentes intentos de sacarla del poder.
Agregó que la economía sólo se recuperará en caso de que el Congreso rechace la apertura del juicio político y los partidos acepten un nuevo pacto democrático propuesto por el Gobierno para restablecer la normalidad en las instituciones y darle condiciones al país de volver a crecer.
Rousseff reiteró que se siente víctima de una gran injusticia debido a que el juicio político en su contra no tiene base legal.
"No hay la menor base legal para ese proceso. No tengo ningún problema en lo que se refiere a irregularidades. Soy una persona contra la que no hay ningún proceso de corrupción o pruebas de cualquier tipo de irregularidad con dolo y mala fe", dijo.
Afirmó que las supuestas maniobras en los balances fiscales de su Gobierno que la oposición usa para justificar el proceso no pasan de prácticas contables que fueron usadas por anteriores Gobierno y que puede cambiar si provocan divergencias.
Agregó que también se siente víctima de una gran injusticia por tratarse de un proceso de "medias verdades" ya que los opositores alegan que el juicio político con miras a su destitución está previsto en la Constitución, pero no dicen que el proceso exige una base legal que en su caso no existe.
"Decir que está previsto en la Constitución es una media verdad porque no dicen que es necesario un crimen de responsabilidad para poder usarlo. No estamos en un régimen parlamentario. No basta un voto de desconfianza para el gobernante salga", afirmó.
Rousseff aseguró que el proceso en su contra no pasa de una ruptura constitucional por estar revestido de un "pecado original" que es la falta de base jurídica, y que no necesita ser un movimiento armado para ser tildado como un golpe de estado.
Dijo que otro agravante es que todo el proceso fue impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como venganza por la decisión del Gobierno de no ayudarlo a frenar los procesos por corrupción que el legislador enfrenta tanto en el Legislativo como en la Justicia.
"El presidente de la Cámara está siendo investigado por corrupción y en ese momento él quería tres votos del partido del Gobierno para hundir el proceso en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara. Nos negamos a aceptar eso y ahí, por venganza, comenzó el proceso", dijo.
"Soy víctima de un proceso en que mis juzgadores tienen un historial que no los acredita para ser jueces de nada sino para ser reos", agregó en referencia a Cunha.
Según Rousseff, todas esas circunstancias le permiten decir que es víctima de un proceso basado simultáneamente en una injusticia, en un fraude jurídico y político y en un intento de golpe.
Aseguró que en Brasil hay un "filón golpista adormecido" y que todos los presidentes desde que el país recuperó su democracia, en 1985, han sufrido intentos de juicio político.
En su opinión, la recesión en Brasil tampoco puede ser usada como motivo para el proceso en su contra debido a que no la pueden culpar por la crisis económica internacional ni por el fin de los precios elevados de las materias primas en los mercados mundiales.
"Si la crisis económica fuese un argumento para sacar presidentes, no habría ningún presidente en pié en los países desarrollados que enfrentaron crisis más graves y pérdidas de empleos mayores que las de Brasil", dijo.