La extensión de las protestas en Francia amenaza la economía y al Gobierno

El primer ministro francés, Manuel Valls, se reafirmó hoy, en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, en su posición de que no se retirará el proyecto de ley de trabajo, ni se modificará el artículo más polémico, que pretende favorecer la negociación en el interior de las empresasen detrimento de los convenios colectivos.

Valls añadió que su "puerta sigue abierta para el diálogo", una sonda lanzada después de que varios parlamentarios de su propio Partido Socialista (PS), encabezados por el jefe del grupo en la Asamblea, Bruno Le Roux, hubieran lanzado la idea de que hay espacio para negociar algunas concesiones sobre ese artículo.

En cualquier caso, el primer ministro denunció la actitud de la Confederación General del Trabajo (CGT, que lidera la protesta), "una organización minoritaria que quiere hacer plegar al Gobierno", y la contrapuso a la del gran sindicato reformista, la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), con la que su Ejecutivo consensuó el proyecto de ley de trabajo que se tramita en el Parlamento.

El hecho es que las huelgas y bloqueos de refinerías y depósitos de petróleo promovidos por la CGT para exigir la retirada de ese texto elevaron hoy por encima de 4.000 las gasolineras en las que se había agotado total o parcialmente el carburante, de un total de 12.000 que hay en Francia.

El secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, señaló que esta mañana en la región de París un 40% de las estaciones de servicio habían agotado sus existencias, aunque aseguró que la situación mejoraba en el oeste de la ciudad, donde había sido crítica los días anteriores.

Vidalies, que vinculó en parte esa situación de escasez al comportamiento de compras de precaución de los automovilistas (los volúmenes vendidos el lunes y el martes triplicaron los de un día normal) reconoció que se está recurriendo a las reservas estratégicas.

Pero subrayó que es un uso "marginal", puesto que se ha extraído el equivalente a tres días de consumo, cuando hay 115 disponibles, e hizo notar que el problema no es tanto el nivel de las reservas o la interrupción de la actividad en las refinerías -recordó que Francia importa el 50% del combustible- sino el acceso a los depósitos, en muchos casos cerrado por piquetes de huelguistas.

Por eso, tanto él como Valls afirmaron que van a continuar las operaciones policiales para levantar los bloqueos, de los que se habían llevado a cabo once hasta esta mañana.

"La CGT no dicta la ley en este país", advirtió el primer ministro, que argumentó que si bien "el derecho de huelga y de manifestación son derechos absolutos, esta radicalización (...) es inaceptable", como también sus amenazas con paralizar una central nuclear.

Aludía así a la extensión de la convocatoria de huelga a las centrales nucleares, y más en concreto al voto mayoritario de los trabajadores de la de Nogent sur Seine, a un centenar de kilómetros de París, para proceder a su apagado o al menos a una ralentización de la producción del único de los dos reactores todavía en funcionamiento (el otro está en parada técnica).

Más allá de la energía, hoy se inició un paro de dos días en los ferrocarriles que tuvo un seguimiento bajo, del 10,6%, sensiblemente inferior al 15% constatado una semana antes, según la dirección de la compañía SNCF. Se suprimieron decenas de trenes, entre ellos el 40% de los que debían circular entre Francia y España.

La de mañana será una jornada importante para evaluar el apoyo de las movilizaciones, ya que la CGT y el resto de sindicatos que exigen la retirada de la reforma laboral han organizado manifestaciones, que en las últimas semanas habían perdido fuelle respecto al comienzo de las protestas hace casi tres meses.

También se han convocado huelgas intersectoriales, entre ellas en el control aéreo, que va a obligar a las compañías que operan en el aeropuerto parisino de Orly a cancelar un 15% de sus vuelos.

La CGT ya ha preparado para la semana próxima una batería de paros indefinidos en los ferrocarriles y en el transporte metropolitano de París, a los que se sumará otro de tres días (el 3, el 4 y el 5 de junio) de los controladores aéreos (en este caso por motivos propios de su convenio colectivo).

El inicio de la Eurocopa de fútbol, el 10 de junio, aparece como una fecha clave, porque según una encuesta publicada hoy, si las protestas tuvieran impacto en ese evento -con consecuencias negativas para la imagen del país-, un 61% de los franceses considerarían responsable al Gobierno de Valls.