Según la primera nota, las detenciones se practicaron en el transcurso de 347 operaciones lanzadas durante las horas de la noche en las que está en vigor el toque de queda impuesto el pasado martes tras el ataque suicida que costó la vida a doce militares tunecinos en el centro de la capital.
Durante los registros, también se aprendieron dos cámaras de televisión y material informático, como DVD, con propaganda yihadista, agregó.
En una segunda nota, el ministerio informó del desmantelamiento de un zulo con diferentes tipos de explosivos, incluido un cinturón suicida preparado para ser utilizado, en la localidad de Akouda, cercana a la ciudad costera de Susa.
Entre el material incautado destacan también dos bombas listas para ser accionadas a distancia, dos granadas, una pistola con silenciador, 50 municiones, 700 cartuchos para fusil de asalto tipo Kalashnikov y uniformes militares.
Además, el primer ministro tunecino, Habib Esseid, cesó hoy al secretario de Estado de Seguridad, Rafik Chelly, una semana después de que un suicida matara a doce guardias presidenciales al inmolarse junto a autobús en el que viajaban.
En un comunicado enviado a los medios, el jefe del Ejecutivo no dio razón alguna para el cese y se limitó a indicar que Chelly será destinado "a otras funciones".
Según la prensa local, el responsable será sustituido en el cargo por el antiguo jefe de la guardia presidencial, Abdelrahman Haj Ali, y junto a él serán cesados también en las próximas horas varios directores generales.
El atentado del pasado 24 de noviembre es el tercero cometido en Túnez en 2015 y el más grave de los sufridos por las fuerzas de Seguridad tunecinas en su historia contemporánea.
Además, supuso un cambio en la estrategia de los yihadistas, ya que los dos anteriores -en marzo, en el museo de el Bardo, donde murieron 22 extranjeros, y el de junio, en un hotel de la ciudad de Susa, en el que perecieron 38 más- iban dirigidos contra la industria del turismo, uno de los pilares económicos de país.
Tanto entonces como ahora, expertos y medios de comunicación independientes denunciaron la falta de profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad, y en particular de los servicios de Inteligencia, en los que se habrían infiltrado elementos radicales.