Madrid |
"Donde dije digo...", también en materia de migración. El principio de no contradicción es algo que ha roto en numerosas ocasiones el Ejecutivo de Sánchez. Sobre todo desde que necesita, sí o sí, el voto de todos sus socios independentistas al mismo tiempo y sin que falle nadie. En aplicación del "fin justifica los medios", en este caso el fin de seguir gobernando, pudiendo aprobar alguna Ley, retirar cuestiones de confianza, y prolongar lo más posible la legislatura. Con este objetivo se pactó con ERC la condonación de la deuda y con Junts la delegación integral de la política de migración.
Pero lo pactado es justo lo contrario de lo expresado públicamente por varios ministros. Fernando Grande Marlaska dijo que "el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central". Por eso, incidió que "no son susceptibles de ser transferido ni delegados". El juez de profesión se expresó de esta forma hace cinco meses en una respuesta oral durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Entonces, su posición era justo la opuesta a la que ha mostrado el Ejecutivo al ceder o delegar las competencias en materia de migración tras el pacto del PSOE con Junts.
Marlaska se mostraba entonces "del lado de la Constitución y del lado de las autonomías", decía, y se abría a "compartir competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como es la migratoria". Sin embargo, aseguraba que esa colaboración era limitada, ya que la inmigración era "competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central".
Además, justificaba que "la política migratoria se enmarca dentro de Constitución, en la legislación europea y los compromisos internacionales". "A partir de ahí, siempre estamos dispuestos a trabajar para una mayor coordinación".
También la ministra portavoz aseguraba, entonces, que "el Gobierno había sido muy claro desde el primer momento" y repitió durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "las competencias en materia de fronteras y en materia de inmigración ilegal son competencias exclusivas del Estado".
Sin embargo, hoy, ante esa misma pregunta, la ministra ya vaticinaba lo que iba a pasar finalmente: "Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Así lo marca nuestra Constitución. Pero si seguimos leyendo la Constitución, en el artículo 150 se recoge también la posibilidad de delegar, de transferir competencias en distintas materias a través de leyes orgánicas".