El Tribunal Supremo ha respondido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que está vigente la pena accesoria de "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo" al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que se le impuso tras ser condenado por agredir a un policía.
Este viernes, se ha remitido un escrito a Batet, después de que esta pidiera al tribunal el jueves una aclaración sobre si la condena a un mes y 15 días de prisión a Rodríguez conllevaba su expulsión como diputado, puesto que ya había abonado la multa que se le fijó como sustitutiva de la pena de cárcel.
En su respuesta, el Alto Tribunal explica que ya contestó a la defensa del parlamentario condenado sobre esta duda de la inhabilitación, de forma que se ha trasladado que debe cumplirse lo establecido en la resolución judicial.
El Supremo ha dicho a Batet que en esta respuesta a la defensa del diputado Rodríguez ya descartó "cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pues esta pena accesoria es obligada a la vista de lo dispuesto en el artículo 56.1.2 del Código Penal".
El tribunal afirma que "así lo exige este precepto cuando se imponga una pena privativa de libertad, como ha sucedido en el presente caso. La pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su ejecución -y sólo a estos exclusivos efectos- se haya acordado su sustitución por una pena de multa".
Al mismo tiempo, aseguran a la presidenta del Congreso que entre las "funciones" del Tribunal Supremo no está "asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme".
Batet remitió esta comunicación al Alto Tribunal este jueves, después de que PSOE y Podemos cuestionaran en una reunión de la Mesa de la Cámara Baja que lo que dijera la sentencia contra el diputado Rodríguez es que debía dejar su escaño. Esta postura fue rechazada por PP, Vox y Ciudadanos, que defendieron que la resolución contra el condenado era clara y debía conllevar la pérdida de su acta.