A pesar de que hoy el Senado ha acaparado todo el protagonismo de la actualidad política, al albergar una airada sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados se ha iniciado el trámite para abordar una modificación casi completa del Reglamento.
Sin embargo, no se trata de una reforma del contenido de lo 207 artículos del Reglamento, sino de la forma en que estos están redactados: la iniciativa impulsada por PSOE y Sumar busca adaptar la normativa al lenguaje inclusivo de género, así como erradicar las expresiones sexistas que pueda contener.
Por el momento, la Cámara Baja ha tomado en consideración la proposición de ley de reforma del Reglamento, con el apoyo de todos los partidos de la cámara salgo PP y Vox, que tachado la iniciativa de "patochada" y "carcundia de la izquierda". Tal y como señala EFE, la reforma propuesta por los partidos que conformar el Gobierno de coalición busca una redacción que no invisibilice las contribuciones parlamentarias de las diputadas, y que no presente a las mujeres como figuras subalternas o subordinas a sus colegas masculinos.
Para ello, se recurrirá a fórmulas lo más amplias posibles y se evitará el mantenimiento del masculino genérico en el texto. Esta reforma pone en peligro la presencia del término "diputado" en alguno de los artículos de la norma: por ejemplo, se propone que, en el artículo 85, se sustituya el término "diputados" por el más inclusivo "miembros de la cámara". Términos como "presidente" o "vicepresidente" también serían sustituidos por "presidencia" y "vicepresidencia", al igual que "secretario" daría paso al neutro "secretaría".
Susana Ros, diputada socialista, ha justificado la pertinencia de esta modificación asegurando que el masculino genérico "coloca a las mujeres en una posición de insignificancia", manteniendo una tesis parecida a la presenta por Esther Gil de Reboleño, de Sumar.
Esta parlamentaria ha declarado: "Lo que no se nombra no existe y las mujeres somos más del 50% de la población. ¿De qué tienen miedo las personas que piensan que esto es una pamplina sin importancia que no otorga más derechos a las mujeres, por qué no entienden que la sociedad avanza cuando se llaman las cosas con su nombre?".
El Partido Popular, a través de su diputada Marta González, se ha mostrado crítica con la medida: esta parlamentaria ha afirmado que "el lenguaje inclusivo es una cuestión política" que no cuenta con el respaldo de la Real Academia Española. El pasado 13 de febrero, esta institución se manifestó en contra de la propuesta, criticando el rechazo de la norma hacia el "abuso" del masculino genérico.
Esta revisión responde al mismo compromiso que garantizó la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja, y que supuso también la autorización para hacer uso de la lenguas cooficiales de nuestro país - catalán, euskera y gallego- durante las intervenciones en el Congreso.
En la presente legislatura, la cuestión del lenguaje está teniendo un especial peso: hace unas semanas, se acometió una reforma de la Constitución para sustituir en el texto el término "disminuidos" por "personas con discapacidad", gracias a un acuerdo que secundaron todos los grupos políticos salvo Vox.