El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado en el Congreso que Renfe estudia por primera vez presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Galicia y de Castilla y León por la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia durante nueve días consecutivos el pasado mes de agosto a causa de los incendios.
Puente ha comparecido durante casi cuatro horas ante el Pleno del Congreso, a petición del Partido Popular, en un debate centrado en los problemas del servicio ferroviario este verano. Desde la oposición, especialmente el PP, se le ha acusado de ser “el representante de la España que no funciona” y de no dar soluciones a los usuarios afectados por los retrasos y cancelaciones.
En su intervención, el ministro ha respondido que no es aceptable que “Renfe y Adif hayan tenido que perder 3 millones de euros durante esos nueve días y que esto sea a cuenta de inventario”.
Puente ha recordado que España es un país descentralizado y que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de protección civil. “Hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y extinción de incendios y no lo han hecho”, ha señalado, añadiendo que “cada palo tiene que aguantar su vela”.
El ministro ha defendido que la red ferroviaria entre Madrid y Galicia no sufrió daños estructurales por los fuegos, pero sí se vio obligada a interrumpir la circulación por motivos de seguridad. “Cuando hay un helicóptero o medios aéreos en el entorno de las vías soltando líquido, nos piden que cortemos la energía eléctrica. Y sin energía eléctrica los trenes no pueden funcionar”.
Puente ha subrayado que fueron los servicios de protección civil quienes reclamaron la paralización temporal de los trenes por prudencia. “Nosotros obviamente ponemos la seguridad de los pasajeros por delante de cualquier otra cosa y por eso cortamos el servicio”, recalcó.
“Lo que no es de recibo es que ustedes nos achaquen a la compañía ferroviaria las consecuencias de la falta de previsión de las administraciones que tienen las competencias en materia de protección civil”, ha concluido.