1 de abril de 2025
Un informe del Parlamento catalán ha acreditado que el presidente del grupo de Vox y número dos de la formación, Ignacio Garriga, emitió facturas por valor de casi 40.000 euros a nombre del grupo parlamentario en concepto de "servicios de despacho y atención en sede", además de cargar numerosos gastos personales a cuenta del grupo.
Así lo refleja un informe del Parlamento de Cataluña, adelantado por El Confidencial, emitido tras la denuncia de la exdiputada de Vox Isabel Lázaro ante la Oficina Antifraude de Cataluña.
En concreto, Garriga cargó al Parlament durante los ejercicios de 2021 y 2022 numerosos gastos personales, entre ellos varios pedidos de comida a domicilio, servicios de tintorería y peluquería y la cuota anual de la Asociación de Familias de Alumnos del colegio en el que estudian sus hijos.
En un primer momento, Lázaro denunció ante la ejecutiva de Vox estos gastos irregulares, tras lo que presentó una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña, que, a su vez, remitió la investigación al órgano competente del Parlament, la Oidoría de Cuentas.
Tras conocerse la denuncia de Lázaro, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cerró filas con Garriga y atribuyó la denuncia al hecho de que la diputada se quedó fuera de las listas al Parlament.
Fuentes parlamentarias consultadas por EFE han explicado que en la declaración de actividades de Garriga en los años 2021 y 2022 no consta ningún ingreso por servicios profesionales, por los que cobró un total de 38.496,59 euros.
Ante estas circunstancias, la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament preguntó al grupo parlamentario de Vox qué servicios les ha prestado Garriga, y ha elaborado una nueva regulación sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios.
Según esta nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) y que estará en vigor a partir de esta legislatura, los grupos tendrán la obligación de devolver los importes de las subvenciones si no presentan la documentación necesaria para rendir cuentas sobre estas subvenciones.
Esta regulación es sensiblemente más restrictiva que la que estaba en vigor la pasada legislatura, y exige más documentación a los grupos parlamentarios que antes a la hora de justificar las subvenciones.
Al trascender el informe del Parlament, la CUP ha registrado un escrito ante la Mesa en el que exige que "actúe de forma diligente y tome las medidas pertinentes, sin más dilación" y que aplique la modalidad de control financiero a las subvenciones de grupos parlamentarios.
En un mensaje en X, la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha reclamado a la Mesa que "depure responsabilidades" tras el informe: "¡La primera legislatura de la ultraderecha en el Parlament y ya han metido la mano en la caja...!", ha dicho.