Moncloa prepara diferentes escenarios ante la vorágine de informes judiciales que esperan en las próximas semanas

El Gobierno se prepara para un otoño marcado por la presión judicial. En Moncloa ya manejan diferentes escenarios y argumentarios para responder a los informes y resoluciones judiciales que se harán públicos en las próximas semanas y que podrían afectar a dirigentes socialistas. El objetivo es contrarrestar el impacto en la opinión pública y reforzar la idea de que el Ejecutivo actúa con rapidez y contundencia frente a los casos de corrupción.

La estrategia del Gobierno

El plan de Moncloa pivota sobre dos ejes principales. Por un lado, el Ejecutivo insistirá en que ha actuado con decisión, como ha repetido Pedro Sánchez. Han exigido dimisiones y actas de diputados en los casos como los de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. No obstante, la gestión de ambos casos sigue generando dudas, ya que Ábalos mantuvo su escaño durante un tiempo y en el caso de Cerdán la renuncia fue voluntaria.

El segundo eje apunta a los jueces. El Gobierno defenderá que la mayoría de la judicatura actúa con independencia, aunque pondrá el foco en una minoría que, según su versión, estaría dirigiendo investigaciones de forma selectiva contra el entorno del presidente.

La línea roja de la financiación ilegal

En Moncloa, señala Juan de Dios Colmenero, se encienden todas las alarmas cada vez que surge la posibilidad de que el PSOE esté siendo investigado por financiación irregular. Esta sería la auténtica línea roja para los socios de gobierno y de investidura, especialmente para el PNV, que ya en el pasado ha marcado distancia en este terreno.

El “sumario de los sumarios”

A esta situación se suma la investigación más delicada: la llamada 'trama de los hidrocarburos', instruida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Parte de la causa sigue secreta, pero se habla de conexiones con el tráfico de petróleo desde Venezuela y otros países, comisiones millonarias y la participación de ex altos cargos socialistas. Fuentes judiciales califican este procedimiento como el más grave de los abiertos en la actualidad.