Lesmes cree que partidos políticos y sindicatos no deben ejercer la acusación popular

Lesmes, en un desayuno informativo organizado por Lefebvre El Derecho, ha sido tajante al argumentar esa necesidad de reestructurar la figura de la acusación popular porque, a su modo de ver, los partidos y los sindicatos usan la información del proceso y la propia acción "no para buscar la verdad y hacer justicia, sino para desgastar al adversario".

Y en la reestructuración de esa figura, Lesmes ha abogado por dotar a los tribunales de mayores potestades para que puedan examinar la legitimidad de quien quiere ejercer la acusación popular, porque con el sistema actual "se contamina" la jurisdicción penal.

Precisamente, ha puntualizado, el "uso y abuso" de la acción popular hace necesaria la figura del aforamiento para defenderse de ello. "Mientras cualquiera pueda ejercer la acción popular hay que establecer mecanismos de defensa contra ese abuso y las demandas infundadas", ha zanjado.

En relación con el aforamiento de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que hoy declara como investigada en el Tribunal Supremo por el caso Imelsa, Lesmes ha recordado que esa circunstancias deriva de su condición de senadora y suprimir su fuero requeriría modificar la Constitución.

Que sea un exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien la interrogue antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio "no contamina" el proceso, según ha insistido Lesmes, ni le hace perder "independencia o imparcialidad".

De todos modos, Rita Barberá estaría en su derecho de pedir la recusación, pero no lo ha hecho.

Buena parte de su intervención y del posterior coloquio se ha centrado en el sistema de renovación de los vocales del CGPJ, pero Lesmes no ha querido apostar por una formula concreta y ha instado a los parlamentarios a que se "alejen de estereotipos", reflexionen de forma serena y realicen un estudio comparado con los modelos de otros países de la UE.

Porque, según Lesmes, no hay una "fórmula mágica" que acabe con la percepción de falta de independencia que la sociedad tiene sobre el órgano de gobierno de los jueces. Y no solo en España, sino en otros países de la UE, sea cual sea el sistema que rige.

Así, ha precisado que el modelo italiano, por ejemplo, donde los vocales son elegidos por los jueces, tampoco es el "sancta sanctorum", porque en la encuesta europea sobre la percepción de la independencia judicial Italia está por debajo de España, y eso que nuestro país está en el sexto lugar por la cola.

Mientras, sistemas como el danés, donde la elección es más gubernamental, se sitúan en esa misma encuesta en los primeros puestos. En España, más del 50 por ciento de los sondeados cuestiona la independencia judicial.

La extensión de la acusación popular con fines espurios, como "se ha puesto de manifiesto en los casos de Manos Limpias y Ausbanc", no es la única causa de esa percepción ciudadana de falta de independencia. Lesmes cree que contribuye también a ello la vinculación de las asociaciones judiciales a organizaciones políticas, tal y como lo ven los españoles.

No obstante, Lesmes ha asegurado que los 5.300 jueces españoles actúan, "sin ninguna duda", con independencia, como se pone de manifiesto "día a día" en los procesos abiertos por corrupción, donde están comprometidos intereses de los más importantes partidos e instituciones.

Carlos Lesmes, que ha resaltado las "excelentes" relaciones con el Tribunal Constitucional y de respecto institucional, ha hecho un repaso de la situación actual de la Justicia desde su convencimiento de que ésta contribuye de forma decisiva en el bienestar social, mejora la tutela de los derechos ciudadanos y lucha contra una lacra que lastra la sociedad: la corrupción.

Todavía tiene España una alta tasa de litigiosidad, aunque ha descendido gracias a algunas reformas legales, y los tiempos de respuesta aún son mayores que la media europea: de 370 días para un procedimiento civil en primera instancia frente a los 330-340 de la UE.

Por debajo de la media europea está también la inversión en justicia (29 euros por habitante frente a 34), así como la de jueces (11,2 frente a 22).