Madrid |
El juicio al hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 se ha retomado este lunes para afrontar su recta final. Ha sido el turno de las acusaciones populares, quienes han calificado de "farsa" el proceso de selección mediante el cual David Sánchez fue elegido coordinador de conservatorios.
José María Bueno es el abogado de Manos Limpias, la organización que arrancó con el procedimiento; y ha asegurado que la entrevista no llegó a existir, además de calificarlo de "auténtico paripé" en el informe final ante la Audiencia Provincial. También ha resaltado que el único mérito de David Sánchez "era ser hermano de quien era".
Bueno ha insistido en que "se llega a crear un puesto para él, un puesto innecesario y que nadie ha pedido", refiriéndose a la creación del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas que David Sánchez asumió en octubre de 2022. Ha señalado que "a día de hoy nadie sabe lo que es", y ha defendido que se trataba de "un traje a medida hecho para David Sánchez Pérez-Castejón".
Por parte de Abogados Cristianos, su letrada Polonia Castellanos ha señalado que "se habla del señor Sánchez antes incluso del periodo selectivo", por lo que "todo estaba dirigido a la contratación ilegal del hermanísimo". Por tanto, el papel de Miguel Ángel Gallardo, por entonces presidente de la Diputación de Badajoz, "fue determinante".
Hazte Oír ha denunciado a través de su abogado Javier María Pérez-Roldán que se creó "un puesto innecesario", mediante un proceso de selección encargado de "vestir el traje a medida", además de indicar que esta creación de un puesto a medida "ya es prevaricación".
Ha destacado también que "nadie deja por escrito su decisión de enchufar al hermano de quien puede ser secretario general del PSOE". Para Pérez-Roldán, la búsqueda de un piso en Badajoz por parte de David Sánchez antes de conocerse la resolución del proceso de selección es "la madre de todos los indicios" y el puesto, entonces, "estaba adjudicado".
Todas las acusaciones populares (PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos), a excepción de Manos Limpias, han doblado la petición inicial de condena para el hermano del presidente del Ejecutivo, llegando a alcanzar los seis años de cárcel por tráfico de influencias y prevaricación.
También han decidido elevar sus peticiones de prisión para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hasta los cuatro años.