El juez del 'caso Begoña Gómez' retira la imputación al delegado del Gobierno en Madrid como le pidió la Audiencia Provincial

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado el 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le emplazase a retirarle su condición de investigado al considerar que su imputación se basó en "meras suposiciones".

En un auto el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre, al que se investigaba por un presunto delito de malversación de caudales públicos. "Resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", dice textualmente el auto.

Satisfecho tras conocer el archivo

Francisco Martín se ha mostrado "aliviado y satisfecho" tras conocer que Peinado le ha dejado definitivamente fuera del procedimiento después de meses de "verdadero sufrimiento, a pesar de ser consciente de que no hay nada por lo que temer".

"Esta investigación nunca se tuvo que haber producido [...]. No deja de haber una presión, un ruido, e incluso una violencia política importante alrededor de estas cuestiones que siempre genera, en uno mismo y en su entorno, situaciones incómodas y desagradables", ha asegurado.

Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación al considerar el juez que había indicios contra él en relación a la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).

"El más mínimo indicio"

La Audiencia de Madrid dejó claro hace unas semanas que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.

En ese auto los magistrados del órgano superior estimaron los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que se sumaron Begoña Gómez y Cristina Álvarez, contra la decisión del juez de imputar a Martín -tras una querella de Vox- argumentando que "no consta que supiera" que Álvarez "estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", de modo que la querella solo expone "meras suposiciones".

Y reiteraron lo que ya dictaron junio: que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

La Fiscalía pide archivar la investigación de Begoña Gómez

El Ministerio Fiscal pide archivar la investigación a Begoña Gómez, a quien el juez imputa ya cinco delitos por sus actividades privadas y por la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid:

• Tráfico de influencias.
• Corrupción en los negocios en el sector privado.
• Apropiación indebida.
• Intrusismo.
• Malversación de caudales públicos.

El magistrado quiere que, de llegar a juicio, esta causa recaiga en un jurado popular, un extremo recurrido por los investigados.

Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, también imputados

Además de la esposa del presidente del Gobierno, el juez Peinado mantiene la imputación a Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y al empresario, Juan Carlos Barrabés, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

El procedimiento indaga en si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.

Durante 2025 el juez ha intensificado sus pesquisas respecto a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y ha hecho frente a varias correcciones por parte de la Audiencia Provincial, que le ha ordenado exonerar a varios investigados, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

Además, el juez intentó sin éxito que el Tribunal Supremo investigase al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, por supuesto falso testimonio y, a un año de jubilarse - lo que ocurrirá en septiembre de 2026-, ha citado a los investigados en sábado, coincidiendo con su cumpleaños, o en domingo.