El Gobierno anuncia una ley para proteger los derechos en Internet de los ciudadanos

La ley anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, quiere garantizar los derechos de los ciudadanos en Internet y se limitará a trasladar al mundo virtual lo que ya existe en lo analógico, en concreto, buscará combatir amenazas y acosos en la Red.

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, Sáenz de Santamaría ha anunciado una nueva regulación de los derechos de los ciudadanos en Internet, ya que, según ha dicho, los derechos están protegidos "en analógico" y "absolutamente desprotegidos en digital".

Según ha explicado, del asunto se encargará el nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que dirige Alvaro Nadal, aunque también tendrán un "papel esencial" los portavoces en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, a la hora de poner a España a la vanguardia de una "regulación y protección de derechos" en la red.

El plan del Gobierno es tratar asuntos como la ciberseguridad, la protección de los menores en la red o la protección de la intimidad en Internet. "Me gustaría que las Cortes y el Gobierno fuésemos pioneros en saber abordar los derechos digitales", ha manifestado.

El PP ya avanzó las intenciones del Gobierno cuando registró en octubre una proposición no de ley en que instaba a reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen delimitando su contenido y adaptándola al auge del uso de las tecnologías y, singularmente, de las redes sociales.

En aquella iniciativa, los 'populares' constatan que, pasados más de 30 años, la ley de protección del honor necesita regular "con mayor precisión" estos derechos y evitar "relatividad" a la hora de interpretarlo y "la indefinición, la falta de cumplimiento y la flexibilidad" de esta norma.

En concreto, los 'populares' pretenden reforzar la protección de los llamados derechos de la personalidad, sobre todo ante la creciente presencia de las nuevas tecnologías, que permiten la obtención y la difusión de información de una manera "insólita" y que pone "en especial peligro" ámbitos reservados de la vida privada. Como ejemplo, citaban "la frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares".

El anuncio ha sido acogido con recelos por parte de algunos grupos parlamentarios de la oposición. Ester Capella, de Esquerra Republicana (ERC), que se define como "fiel defensora de la libertad de expresión y los derechos fundamentales", considera que hay mecanismos en el Código Penal para ser aplicados y cree que el problema es la "inoperancia" de las autoridades según quién recibe las amenazas.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que compañeros parlamentarios le revelaron que sus hijos sufrieron amenazas en Internet por haber participado en algún debate y se ha preguntado si eso es libertad de expresión: "Las amenazas, el acoso por Internet, poder hacer anónimamente la vida imposible por Internet, *eso es libertad de expresión? --ha dicho--. No lo es y tenemos a numerosos ciudadanos desprotegidos".

La vicepresidenta ha pedido que su reforma no sea mirada con recelo porque lo que busca es extender la protección de los derechos que ya existe "en lo analógico". "No hay que ver tres pies al gato --ha añadido--. Hablábamos de la reforma de la Constitución, pero a los que tenemos hijos lo que nos quita el sueño es que nuestros hijos puedan sufrir algún tipo de acoso en la Red".

Según ha recordado, el portavoz adjunto del PSOE en esta comisión, Artemi Rallo, ya trabajó sobre estos temas cuando estuvo al frente de la Agencia de Protección de Datos y, en todo caso, ha recordado que, al tratarse de una ley orgánica, el Parlamento tiene un papel protagonista porque se necesita un amplio acuerdo. "Tenemos que trabajar todos porque si no, estamos trabajando mal o estamos dejando de hacerlo. Aquí no vale la equidistancia", ha remachado.