Análisis: El Fiscal General, a juicio

García Ortiz y Felipe VI: la foto "imposible"

Pedro Sánchez vuelve a resistir. Al precio que sea. Aunque eso suponga abrir el año judicial a primeros de septiembre con una foto incómoda para la Casa Real: la del rey Felipe VI saludando a un Fiscal General a punto de ser juzgado por revelación de secretos.

🔊Fiscales alertan: "García Ortiz está arrastrando a toda la institución de la Fiscalía consigo mientras la erosiona"

Ignacio Jarillo

Madrid |

l rey Felipe VI (d) saluda al Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz | EFE/ Ballesteros POOL

La estrategia del presidente no ha variado a pesar del juicio que le espera al Fiscal General: Mientras se pueda, aguantar hasta que escampe. Porque en Moncloa aún creen que si resisten hasta agotar la legislatura, al final, siempre amanece. Aunque eso solo signifique repetir la mayoría agónica que se logró pactando con Junts en 2023. El Gobierno cree que es posible, que de aquí a 2027 habrá bajado la marea. Y con ella, habrá bajado el tsunami de presuntos casos de corrupción (casos Koldo, Cerdán, Begoña, Hermano Sánchez). El Gobierno confía sin ambages en que se repita la historia: que el temor a un gobierno "con Abascal en la Moncloa" pueda mantener a flote la mayoría que hoy todavía sostiene a Sánchez.

La foto del rey saludando al Fiscal General procesado, un papelón para Felipe VI

Desde Ferraz, la dirección del partido ha bajado muchos enteros en su mensaje político de fondo. Hace tiempo que sus "fuentes" apenas gotean y solo habla y poco su nueva portavoz, Montse Domínguez. La cúpula del PSOE mantiene un evidente silencio, como si guardara aún luto por la muerte política de su gran hacedor y en la práctica hombre fuerte del aparato, Santos Cerdán. Su caída a los infiernos de la prisión provisional sin fianza ni recurso posible refuerzan la decisión de Sánchez: no dejar caer además al Fiscal General. Aunque vaya a juicio, aunque eso suponga llevar a Álvaro García Ortiz "encadenado" a la apertura del año judicial, presidida por Felipe VI, el próximo 4 de septiembre.

Todo un papelón para la Casa Real que tendrá que hacer encaje de bolillos en su discurso para no dejar en evidencia al presidente ni a su Fiscal General y por otra parte lanzar un mensaje de esperanza y confianza en la Justicia con mayúscula. Un mensaje que será difícil de creer mientras el Fiscal General, que estará ahí oyendo al rey, esté a punto de sentarse en el banquillo.

Una foto, la de la apertura del año judicial, que Sánchez no tiene inconveniente en que ocurra. De nuevo, la idea es resistir. Y hacerlo esperando que cambie el viento y el PP se vea enredado aún más en el caso Montoro o en otros que salgan a la luz a partir del próximo otoño.

El Tribunal Supremo advierte al Fiscal General: destruir pruebas fundamenta una condena

Así las cosas, el presidente lo deja claro. Cuando habla del Fiscal General parece que habla de sí mismo, de su propio Gobierno: "Creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval del Gobierno. Respaldamos la actuación del Fiscal General". Toda una declaración de intenciones que trata de validar lo ocurrido. O de convalidar, mejor dicho: que para denunciar la estrategia judicial de un contribuyente (que hasta entonces nadie sabía quien era) se puede cometer un presunto delito (desvelar la identidad de dicho contribuyente: la pareja sentimental de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso).

Y el Tribunal Supremo ha ido contra eso: contra la comisión de un delito de revelación de secretos. Porque no se puede divulgar la identidad de un contribuyente aunque políticamente sea rentable. Y el Fiscal General -a juicio del Supremo- así lo ha hecho. Con el agravante de ser además el Fiscal de fiscales. Y por si había dudas, dos de los magistrados del Supremo, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres aclaran: la destrucción de pruebas (en referencia al borrado de su móvil que hizo el propio Fiscal General) puede en sí mismo fundamentar una condena.

Porque "la desaparición de la información de los dispositivos móviles y correos desde criterios de racionalidad elementales tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación y quien la hizo no puede quejarse ahora de que tiene limitada su defensa".

Moncloa lo apuesta todo al Lawfare

La estrategia del Gobierno a partir de ese momento parece la de poner a García Ortiz como el "defensor judicial de una causa justa", el que desenmascara a los defraudadores, a pesar de que pueda ser o no un delito hacerlo. Y el Supremo ha dicho no. "Para hacer justicia contra un presunto defraudador, nunca es permisible violar la Ley" -apuntan fuentes cercanas al Alto Tribunal. Y recuerdan un básico: El fin, no justifica los medios.

Pedro Sánchez lo sabe bien. Pero poner en duda la imparcialidad del Supremo es parte de su táctica. Cuadra perfectamente con la idea de que una parte de los jueces van contra su Gobierno y su partido. Y hará todo lo posible porque esa idea se mantenga. Incluso provocar que la foto "imposible" que ilustra esta columna se repita.