Madrid |
La jornada del pasado martes estuvo marcada por la resolución de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que indicaba que existen indicios suficientes para procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos, en relación con la supuesta filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión ha levantado polémica, no solo por la excepción del caso, sino también por el voto particular en contra que emitió uno de los tres magistrados de la sala.
Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha pasado por los micrófonos de Más de uno para dar su valoración sobre el auto del Supremo. "Nosotros desde el minuto uno que García Ortiz estuvo como investigado exigimos su dimisión, ahora que está a un paso de sentarse en el banquillo mucho más, la situación se hace insostenible" ha sentenciado al comienzo.
El representante ha explicado que cualquier fiscal de España si es investigado o se abre un juicio oral contra él no puede ejercer, en base a lo que ha afirmado que "El Fiscal General del Estado debería aplicarse el mismo la solución que pone el ordenamiento jurídico que aplica para el resto de fiscales, dar un paso atrás y dimitir".
"Precisamente porque no dimitió, nosotros como asociación, nos personamos como acusación popular en la causa", ha afirmado Pallarés destacando la relevancia de que el fiscal que lleva el caso tendrá que actuar en perjuicio del que es su superior, lo que obviamente perjudica al proceso.
Sobre el razonamiento de defensa de García Ortiz, en el que afirma que renunciar teniendo clara su inocencia sería un signo de debilidad para la propia institución, Pallarés ha indicado que no habría ninguna consecuencia negativa para el ministerio fiscal si García Ortiz abandona su cargo, incluso si posteriormente fuera absuelto.
Por el contrario, ha asegurado que precisamente al no dimitir "el fiscal general está arrastrando a la institución una situación que la está erosionando". Tener todo "Estamos normalizando cosas que no son normales", Pallarés ha admitido el derecho a defenderse del Fiscal General, pero "fuera de la institución y sin servirse de ella". "No es normal que el Fiscal General del Estado esté al borde de ser enjuiciado", ha finalizado.