La Fiscalía General del Estado ha avisado de que empleará los "medios legales" a su disposición para preservar su independencia, después de manifestar su "rechazo" a "los nuevos ataques" ocurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la declaración de Artur Mas.
En un comunicado, la Fiscalía ha mostrado su oposición a lo ocurrido de nuevo a las puertas del tribunal catalán, donde Mas haya estado arropado por los consellers de su gobierno, líderes de varios partidos políticos y 400 alcaldes a su entrada y salida del TSJC, en el exterior del cual le esperaban miles de personas para darle su apoyo.
"En cumplimiento de la función de defensa de la independencia de los tribunales que el Ministerio Fiscal tiene constitucionalmente encomendada, manifiesta su rechazo ante los nuevos ataques a dicha independencia que han tenido lugar hoy a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y expresa su apoyo a este tribunal y a los fiscales en el ejercicio de sus funciones", afirma la nota.
Para la Fiscalía, estos comportamientos "son todavía más censurables cuando provienen de cargos públicos que tienen un deber reforzado de respetar el sistema democrático de división de poderes".
La nota de la Fiscalía se ha hecho pública dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un duro comunicado, considerada que los actos de apoyo a los imputados del 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento "aún más inadmisible" cuando responde a una estrategia diseñada por cargos públicos.
Tanto el TSJC como la Fiscalía General del Estado reaccionaron también para defender su imparcialidad e independencia cuando, dos días después del 27-S, el magistrado Joan Manel Abril citó a declarar a Mas como imputado para el 15 de octubre, día del fusilamiento del presidente catalán Lluís Companys, lo que el soberanismo interpretó como una provocación.
Precisamente, en su declaración ante el juez del TSJC que investiga la causa del 9-N Artur Mas se ha negado a contestar a las preguntas del ministerio público, al entender que la querella en su contra obedeció a una "imposición" de la Fiscalía General del Estado contra el criterio de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).