En las vistillas para la adopción de medidas cautelares que Lamela ya prevé en su auto celebrar esos días tras el interrogatorio de los investigados, la Fiscalía podría sustentar su petición de cárcel en el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas -hasta 30 años de cárcel por rebelión-, y de reiteración delictiva, han informado a Efe fuentes fiscales.
Este planteamiento se produce después del viaje de Puigdemont y seis miembros del que ha sido su Govern a Bruselas, donde hoy han ofrecido una rueda de prensa en la que el expresidente catalán anunciaba que solo volverá a España cuando tenga "garantías" de un "juicio justo" y cargaba duramente contra la Fiscalía por haberse querellado contra ellos por rebelión.
Por ello cabe la duda de si él y los demás investigados -entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras- comparecerán para declarar ante Lamela, que también ha reclamado a todos ellos una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan esa cantidad.
En caso de que no se presenten, la Fiscalía podría pedir a la juez que acordara la detención de todos aquellos que no comparecieran, a nivel europeo con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), si están localizados en un país comunitario, o con carácter internacional si es otro el paradero.
El pasado 16 de octubre, la Fiscalía ya pidió prisión para tres de los cuatro primeros investigados por sedición en esta causa, el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La juez rechazó la cárcel para Trapero y le impuso medidas cautelares más leves, entre ellas la entrega de su pasaporte, mientras que envió a prisión a los líderes independentistas, cuyos recursos contra esta decisión serán revisados por la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional el próximo viernes.
La Fiscalía expondrá en la vista lo que ya alegó la semana pasada en sendos informes oponiéndose a su salida de prisión: que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva porque ambos han seguido desde prisión "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".