Feijóo exige al Gobierno que asuma "la atención y financiación directa" de los menores no acompañados

La situación que atraviesa España en materia de inmigración irregular es crítica, especialmente en el archipiélago canario, donde se han registrado miles de llegadas desde que arrancó el año.

Solo en este fin de semana han arribado tres embarcaciones irregulares en las costas canarias, la última con 62 personas a bordo que, unidas a las anteriores, suman ya 289 llegadas detectadas por Salvamento Marítimo.

Ante este contexto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, junto con los presidentes autonómicos del PP ha firmado este domingo un acuerdo en el que defienden que "el objetivo primordial ha de ser sellar las fronteras para acabar con la inmigración ilegal".

A unos días de conocer la propuesta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para la distribución extraordinaria entre los miles de menores extranjeros no acompañados que han desbordado los centros de acogida del archipiélago, las comunidades del PP han unificado su posición ante un debate que previsiblemente llegará al Congreso.

Por un lado, insisten en que el Gobierno central debe asumir "la atención y financiación directa" de los menores no acompañados "en estas situaciones críticas dada la saturación" de sus instalaciones "y puesto que es consecuencia" del "fracaso" del Gobierno en política migratoria. Y por otro, reclaman "un mayor control de entradas, acuerdos con los países de origen y tránsito, criterios más firmes de devolución y lucha contra las mafias".

Esta posición común se refleja en la 'Declaración de Asturias' que este domingo firmaron Feijóo y los 14 gobiernos autonómicos del PP, incluido el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. El texto recoge 15 puntos de diversa índole y uno de ellos es el de la inmigración, un asunto que en principio no se iba a tratar en la cumbre. Finalmente, sí hubo debate y sirvió para unificar la posición de la dirección nacional del PP y todos sus gobiernos autonómicos.

"Constatamos que España necesita una política migratoria", arranca el epígrafe con el que el PP reclama medidas "en la línea que están siguiendo todos los países de nuestro entorno". Además, tanto Feijóo como los presidentes autonómicos se reafirman en el acuerdo suscrito con Clavijo el pasado 10 de septiembre y remarcan que "es imprescindible acometer con urgencia las reformas que figuran" en el documento que se pactó entonces.

Feijóo carga contra el Gobierno

Tras la firma de la 'Declaración de Asturias', Feijóo avisó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no tendrá el "apoyo" del principal partido de la oposición en materia migratoria hasta que acceda a "sellar las fronteras para acabar con el negocio" de las "redes criminales que están traficando con seres humanos" y financie la acogida de los menores extranjeros no acompañados.

Feijóo reconoció que es una cuestión "muy sensible" porque "están en juego vidas humanas" y la "propia convivencia" de los españoles. Pero centró toda la responsabilidad en el Gobierno, al que acusó de "una enorme hipocresía y una falta de humanidad" por dedicarse "solo" a intentar "salir del paso y enfrentar a todo el mundo para que no se hable de lo esencial, que es su fracasada política migratoria".

El líder de la oposición subrayó que "el problema de la inmigración irregular es de tal magnitud que el Gobierno central no puede abordarlo echándole la culpa a las comunidades autónomas o distribuyendo los inmigrantes por todas" ellas "sin buscar un mínimo acuerdo de proporcionalidad y sin asumir sus responsabilidades".

La mayor crisis de Europa y "una emergencia nacional"

España atraviesa "una emergencia nacional y la mayor crisis de inmigración irregular de todos los países de la Unión Europea", por lo que el Gobierno central "tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades".

En este sentido, Feijóo afirmó que el Ejecutivo "tiene que hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas".

"Todos los países europeos están afrontando esta cuestión con determinación y con políticas estrictas y, mientras no cambie, este Gobierno no va a contar con nuestro apoyo. No admitimos que callemos ante la condescendencia de terceros países con aquellos que trafican con personas. No comparto que no se pida ayuda a la Unión Europea. Y no pienso consentir que se confunda solidaridad con incompetencia ni tampoco acepto maximalismos de nadie para abordar un asunto tan serio", declaró.