Dos trabajadores del Senado expulsados tras infiltrarse en ordenadores de decenas de senadores
La Mesa del Senado se ha reunido de urgencia en lo que el PSOE ha calificado como una "infiltración masiva en la identidad digital de senadores".
La Mesa del Senado se ha reunido de urgencia este miércoles tras detectarse accesos no autorizados a los ordenadores de casi una treintena de senadores de distintos grupos parlamentarios. Según ha adelantado El País, los responsables de la filtración serían dos trabajadores de la propia Cámara Alta que habrían accedido de manera ilegal a cuentas personales de senadores utilizando sus claves.
Ambos trabajadores ya han sido despedidos y se ha remitido un expediente a la Fiscalía, que investigará los hechos por posible delito de espionaje informático y vulneración de derechos fundamentales.
Los accesos ilegales habrían afectado a senadores de distintos partidos, sin que hasta el momento se haya especificado cuántos ni a qué formaciones pertenecen. La gravedad del caso radica, además, en el hecho de que algunos de los parlamentarios espiados estarían participando activamente en comisiones de investigación en curso.
Fuentes de la Presidencia del Senado han precisado a Europa Press que esta decisión se ha tomado en una reunión de la Mesa que estaba convocada ordinariamente, pero que los hechos han obligado a abrir un expediente disciplinario a los dos trabajadores, que responden a las siglas J.A.R. y N.M.G.
El Senado justifica su decisión de despedirlos en base al convenio colectivo de la Cámara por la comisión de la falta disciplinaria muy grave al entender un "fraude, deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas". Por el momento, no ha trascendido el número de senadores afectados por esta presunta infiltración masiva.
El PSOE ha sido el primer grupo en reaccionar públicamente. En un comunicado, los socialistas han denunciado lo ocurrido como una posible "infiltración masiva en la identidad digital de senadores desde dentro de los servicios de la Cámara" y han instado a la Fiscalía a investigar en profundidad todas las ramificaciones del caso. “Podría suponer un caso de espionaje parlamentario”, han alertado.
Desde el Grupo Socialista se ha subrayado que este incidente no solo atenta contra los derechos personales de los parlamentarios afectados, sino también contra las garantías democráticas del ejercicio parlamentario. “Es fundamental esclarecer cuántos senadores han sido espiados y qué parte de su trabajo ha sido objeto de espionaje”, exigen.
El suceso ha tenido lugar mientras están en funcionamiento varias comisiones sensibles, lo que aumenta la alarma sobre una posible interferencia en el desarrollo normal de la actividad legislativa.
Por ahora, se espera que la Fiscalía valore la documentación remitida por el Senado y determine si existen indicios suficientes para la apertura formal de diligencias penales. Mientras tanto, la Cámara Alta ha iniciado una revisión interna de sus protocolos de seguridad digital para evitar futuras brechas.