La defensa de Begoña Gómez acusa a Peinado de actuar como "si tuviera excesiva prisa"
La defensa de la mujer del presidente del Gobierno ha cuestionado que el magistrado Juan Carlos Peinado haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal".
Según recoge la Agencia EFE, el abogado y exfiscal Antonio Camacho ha denunciado la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez y los otros dos investigados el 9 de junio a una audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral contra ellos.
Considera que es una resolución con un razonamiento "jurídicamente inaceptable", cuestionando que el juez no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.
El juez Peinado, que se encuentra a apenas unos meses de jubilarse, quiere que los acusados sean juzgados por un jurado popular.
De qué se le acusa a Begoña Gómez
A la mujer de Pedro Sánchez el juez le imputa presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación por hechos que giran en torno a la citada cátedra que codirigió, al software que se creó en su seno y a las labores que ejercía su asesora y que, según el juez, entraban en la esfera profesional y privada de Begoña Gómez.
Imputaciones que la defensa refuta, entre otros elementos, con varios informes periciales sobre "los tres ejes fácticos sobre los que se construye la acusación" que ahora el juez no le permite que sean ratificados en la audiencia preliminar.
Entre esos informes figura, por ejemplo, el que concluye que el trabajo de Begoña Gómez en la Universidad Complutense no solo no causó un perjuicio económico a la entidad pública, sino que hubo "un superávit" de casi 13.000 euros. La Complutense, en cambio, se personó en enero como actor civil y reclama "daños y perjuicios" ante una presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra que ascienden a alrededor de 113.000 euros.
El abogado cuestiona que Peinado no le permita "contradecir pericialmente" dichas acusaciones antes de decidir si enviar a juicio a los procesados, lo que supone "una quiebra del principio de igualdad de armas", y subraya que el juez le ha denegado "la práctica totalidad de las diligencias" que ha pedido.
El codirector de la cátedra
La declaración del codirector de la cátedra es otro caso similar; el juez no accedió a que Begoña Gómez lo llamara a declarar, cuando, de acuerdo con su abogado, "no hay nadie mejor que quien compartió la dirección" de la cátedra para esclarecer qué actividades se llevaron a cabo, con qué propósito, con qué estructura y con qué resultado.
La defensa mantiene que "su declaración es imprescindible para pronunciarse sobre la apertura del juicio oral". Cuestiona así que el juez nunca haya citado a Ruano "a lo largo de una instrucción de extraordinaria extensión y duración, durante la cual se ha tomado declaración a decenas de testigos, algunos de ellos en más de una ocasión".