CASO FISCAL GENERAL

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid: "Si se quisiera desmentir una información, no era preciso revelar los correos del novio de Ayuso"

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una de las seis acusaciones populares del juicio y solicita para García Ortiz una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.

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Agencias | P. L.

Madrid |

En el juicio contra el fiscal general del Estado por supuesta filtración, ha declarado el decano del colegio de abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ha detallado por qué decidieron emprender acciones legales.

Consideraron la gravedad que para el derecho de defensa supuso la revelación en una nota de prensa de la Fiscalía, de información confidencial.

sin confidencialidad no es posible una defensa libre

"La Fiscalía tenía en sus manos desmentir que el ofrecimiento de un pacto hubiera partido del fiscal, sin desvelar, incluso, literales del correo", ha dicho. Además, ha alegado que sin confidencialidad no es posible una defensa libre, ha dicho el decano del colegio de abogados de Madrid.

"Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa", ha destacado este martes Ribón en su testifical en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de ese correo, del 2 de febrero de 2024.

El ICAM, una de las seis acusaciones populares contra el fiscal

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una de las seis acusaciones populares del juicio y solicita para García Ortiz una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.

En su testifical, Ribón ha hecho hincapié en la "honda preocupación" que se asentó en el Colegio por lo "insólito" y "lo difícil de creer" que resultaba la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo ante informaciones que atribuían la iniciativa del pacto al fiscal y no al abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Ribón, que ha precisado que no le consta que el abogado de González Amador solicitase amparo al Colegio tras conocerse su correo, ha subrayado que "no era preciso revelar el contenido literal" de sus conversaciones, que "forma parte del grado más estricto de confidencialidad entre abogado y fiscal".

Lo que le dijo la fiscal provincial de Madrid

Ha relatado que el mismo 14 de marzo habló con la fiscal provincial de Madrid, quien le dijo que "se sentía como un sandwich, por arriba y por abajo".

Un día después, ha continuado, se reunió con el fiscal general del Estado y rechazó elaborar un comunicado conjunto para "poner ciertos paños calientes" porque esperaban una investigación y una eventual depuración de responsabilidades.

Poco después, el Colegio adoptó la decisión de "tomar acciones penales por la ruptura de la confidencialidad de las negociaciones" y también se desvinculó del protocolo de conformidades ante el "profundo malestar" por la nota de prensa.

No obstante, ha indicado que eso no impedía a los abogados alcanzar conformidades con la Fiscalía y, ante preguntas de la Abogacía del Estado, no ha conseguido aclarar si ha aumentado o descendido el número de acuerdos en estos meses.

También ha señalado que el Colegio no se planteó retirar la acusación cuando el Tribunal Supremo descartó que la nota de prensa fuese punible.

Es más, aunque su escrito de acusación incluye la filtración del correo clave del 2 de febrero, no ha respondido a preguntas de la defensa sobre si dan relevancia penal al correo del 12 de marzo, revelado por El Mundo, ni porqué no han incluido también esta filtración en su acusación si afecta a la conformidad.

"Damos relevancia a la publicación de la nota de la Fiscalía", ha respondido Ribón, quien ante las preguntas de la defensa, ha insistido en la misma respuesta, ciñendo su actuación a la nota, no a los correos.