El Consejo de Ministros cumple con la UE y aprueba el estatuto fiscal, que alarga el mandato del fiscal general

El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba en el Consejo de Ministros una reforma preliminar para supuestamente desligar el mandato del fiscal general del Estado del de la legislatura, tal y como reclama Bruselas. Esta, la definen como la mayor reforma en cuatro décadas del estatuto que regula el funcionamiento y la labor del ministerio fiscal, lo que implicaría que los mandatos sean de cinco años y no de cuatro, para que no coincidan con las legislaturas ni los gobiernos de turno, aunque seguirá siendo el ejecutivo el que le nombre.

Las comunicaciones entre el responsable del Ministerio Público y el Gobierno, en su caso el ministro de Justicia, tendrán que ser públicas y hacerse por escrito. Y se prohibirá expresamente que los gobiernos, ya sea el central o los autonómicos, den instrucciones a la fiscalía. La idea es que esto se aplique desde enero de 2028.

A su vez, de esta manera se busca alinear el sistema judicial español con el modelo de otros países europeos, dado que la reforma será la base de una nueva Ley de Enjuiciamiento criminal que dejará en manos de la Fiscalía, las causas judiciales que hasta ahora llevan los jueces de instrucción (siendo este modelo español poco común en el ámbito occidental).

España es el "único país donde la instrucción de las causas penales todavía la llevan los jueces de instrucción", destaca Bolaños, que ha liderado la iniciativa gubernamental., y niega que se pretenda salvar a García Ortiz —imputado por una presunta revelación de secretos del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— de un posible cambio político, defendiendo su propuesta como paso necesario para que sean los fiscales, con independencia jerárquica, para que se ocupen de las investigaciones.

Dicha reforma, además limitará las causas de la destitución, haciendo que el Gobierno solo podrá apartar al fiscal general del Estado por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo "deberá constar por escrito y ser publicada".

Moncloa niega cualquier intencionalidad política en una reforma en la que el fiscal tampoco tendría la última palabra en los grandes asuntos, si una mayoría de la cúpula fiscal fijada en tres quintos defiende un criterio diferente, y subrayan que están cumpliendo con las exigencias de Bruselas.

El Partido Popular ha manifestado su oposición frontal a la reforma y alegan que esta transformación no es un simple ajuste técnico, sino una maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez para condicionar el funcionamiento del sistema judicial especialmente en el contexto de la negociación de la ley de amnistía y del apoyo parlamentario de partidos independentistas.