El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ya se ha pronunciado acerca de la polémica en torno a las filtraciones de las conversaciones mantenidas entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso investigada por presuntos delitos de fraude fiscal.
Eugenio Ribón, decano de este colegio profesional de abogados, ha anunciado este lunes que desde el ICAM se interpondrá una denuncia para identificar a los "culpables" de la filtración de estos datos, que puso a la Fiscalía de Madrid en el foco de la polémica. La Junta de Gobierno de la ICAM afirma que la actuación de este órgano tiene una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa", y por ello ha acordado presentar una denuncia por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos.
Ribón, en una rueda de prensa, afirma que la denuncia no se dirige contra nadie y que busca la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades". Además de agotar la vía penal, el Colegio también presentará una denuncia por la vía administrativa para posibilitar la apertura de un proceso sancionador.
La denuncia, según ha explicado Ribón en rueda de prensa, en principio no se dirige contra nadie y persigue la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades". Además de la vía penal, el Colegio también presentará una denuncia por la vía administrativa para que se abra un proceso sancionador.
El pasado jueves, la Fiscalía de Madrid publicó un comunicado en el que explicaba la secuencia de acontecimientos en torno al "pacto de conformidad" que la defensa de Alberto González Amador presentó al fiscal, si bien la publicación de esta información ha generado una gran polémica y críticas hacia la Fiscalía Provincial. El pasado viernes, la Asociación de Fiscales (AF) llegó incluso a solicitar la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Tal y como señaló el Periódico de España, la Fiscalía provincial habría difundido este comunicado "en defensa del fiscal, de la Fiscalía de delitos económicos y de toda la institución", en medio de un caótico intercambio de reproches entre el Gobierno y el Partido Popular con el trasfondo de las informaciones que los medios iban publicando a cuentagotas acerca de los presuntos delitos cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso.
ElDiario.es publicó la semana pasada varias piezas en las que sostenía que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.
Estas informaciones no tardaron en trascender hasta la arena política, pues Pedro Sánchez llegó a solicitar a Núñez Feijóo que pidiese la dimisión de Ayuso a causa de su relación con el investigado. Ayuso, por otro lado, se ha defendido denunciando una presunta persecución por parte de diversas instituciones influidas por el Gobierno. Resultaron especialmente polémicas las declaraciones de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que aportó información sobre el caso antes de ser esta publicada por los medios de comunicación.
Por esto, el equipo legal de González Amador se querellará contra la Ministra de Hacienda, contra la Agencia Tributaria y contra la Fiscalía, por un supuesto delito de revelación de secretos. La presidenta de los Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, condenó la filtración de estas negociaciones entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso, si bien defendió que esa filtración no la realizó ningún empleado de la Agencia Tributaria, que cuenta con severas medidas de seguridad para evitar este tipo de incidentes.