El intercambio de acusaciones y reproches entre el Gobierno central e Isabel Díaz Ayuso, señalada por los presuntos delitos fiscales cometidos por su pareja, está trascendiendo a los límites de la política: la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, se ha pronunciado en torno a esta cuestión solicitando la "inmediata dimisión" del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Desde AF, consideran que bajo la dirección de Ortiz el Ministerio Fiscal ha dañado el prestigio del gremio fiscal, y dejan caer que desde esta institución se ha filtrado información acerca de la investigación en torno a las irregularidades fiscales cometidas por Alberto García Amador.
"De haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía, se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación", afirma la asociación, que señala a García Ortiz como "máximo responsable" de estos hechos.
La asociación, de carácter conservador, ha remarcado la importancia del "deber de siglo" en el oficio de la Fiscalía, y ha señalado que la defensa de una persona investigada se puede ver dañada debido a "indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran 'sub iudice'",
"Ante la actuación que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, la AF exige la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado como máximo responsable de estos hechos", afirma la asociación, tal y como recoge EFE.
Estas declaraciones se han difundido un día después de que la Fiscalía de Madrid publicase una nota en la que trataba de aclarar la cronología de una negociación mantenida en febrero por Alberto González Amador y la Fiscalía, en la que González Amador proponía un pacto de conformidad en el contexto de una investigación por comisión de delitos fiscales. Tal y como señala el Periódico de España, la Fiscalía provincial habría publicado esta nota "en defensa del fiscal, de la Fiscalía, de delitos económicos y de toda la institución".
La Unión Progresista de Fiscales (UFP) querido mostrar su "rotundo apoyo" a la Fiscalía Provincial de Madrid, y ha pedido que no se instrumentalice a esta institución en la "lucha político-mediática". Para la UPF, esta nota es "aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad", de la institución.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presenta una posición contraria, afirmando que el Ministerio se excedió "en mucho" y que provocó "un perjuicio evidente" a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
A causa de esta polémica, el fiscal general Álvaro García Ortiz se ha reunido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón: este colegio profesional ha sacado un comunicado propio, que califica de "extrema gravedad la revelación de datos por parte de la Fiscalía Provincial de conversación" del abogado de Alberto González Amador con el fiscal.