La Comisión Constitucional del Congreso aprobó el pasado lunes el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Bildu. El texto profundiza en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros la aprobó hace casi un año y la llevó al Congreso el pasado mes de octubre. Tras varios meses en el cajón, el Gobierno ha reactivado su tramitación.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos votaron no al proyecto de ley, mientras que ERC optó por la abstención. Tiene varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
Una de las claves de esta nueva ley es la ampliación hasta 1983 el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos con la reparación económica que conlleve según cada caso. Además, también se ha acordado una comisión estatal independiente de carácter académico que recogerá testimonios, información y documentos para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura".
Otro de los aspectos clave ha sido la enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales creados tras el golpe de Estado de 1936. Además, se otorgarán mecanismos y recursos para evaluar la represión cultural y lingüística del régimen franquista declarando víctimas a "las culturas vasca, catalana y gallega".
Los expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, se han pronunciado contundentemente en contra de la tramitación de esta Ley de Memoria Democrática. González ha declarado que "no iría a nada" con Bildu y que teme "que las memorias se conviertan en desmemorias".
Rajoy, por su parte, también ha lamentado el pacto del Ejecutivo de Sánchez con Bildu porque "ETA fue contra la Transición española y contra la Constitución" y ha afirmado que "hay cosas por las que no se puede pasar porque no las entiende nadie".