'Caso Mediador': la jueza mantiene en prisión al general Francisco Espinosa para asegurar la obtención de pruebas

La jueza del 'caso Mediador' ha acordado mantener en prisión al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa para "garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados" si se aprobase su puesta en libertad.

En un auto de este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Ángeles Lorenzo-Cáceres, desestima la petición de la defensa de Espinosa, que solicitaba que se le concediera la libertad provisional.

La magistrada, sin embargo, deniega esta pretensión poniendo en valor "la naturaleza del presunto delito cometido, la pena que pudiera corresponderle, las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado".

La instructora busca de esta forma "garantizar la eficacia de la investigación procesal y la disponibilidad del imputado a los llamamientos judiciales". Además, recuerda que esta medida fue acordada "con la finalidad de garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados para el supuesto en que no se hubiera adoptado" la misma.

"Así se desprende incluso de los oficios policiales presentados por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil. En congruencia con ello por la unidad policial se ha llevado a cabo una ingente actuación dirigida a la obtención de aquellos medios probatorios que justificaban la solicitud que hoy el Ministerio Público ratifica en el presente informe", explica la jueza.

La fiscalía ve riesgo de destrucción de pruebas

En concreto, la magistrada se refiere al escrito presentado por la Fiscalía por el que se oponía a su puesta en libertad. El Ministerio Fiscal, en concreto, solicitó la prisión provisional "con una finalidad puramente instrumental y por el tiempo estrictamente necesario al considerar que existe un riesgo real de destrucción de fuentes de prueba".

En el auto de 16 de febrero por el que acordó enviar a prisión a Espinosa, la jueza aseguraba que de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial", constatando a su vez pagos de la trama y destacando que se hallaron más de 60.000 euros en su domicilio de "ilícita procedencia".

La instructora sostiene que Espinosa habría hecho "uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias" y que su participación en la trama criminal era "esencial" por esos contactos y por "la capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos".

Tres piezas separadas

Según la última información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hay tres piezas separadas en el 'caso mediador'. De momento se estudian cinco peticiones de personación, entre ellas las de PSOE, PP y Vox para ser parte en el caso.

Será cuando la magistrada les acepte como parte, en todo caso, cuando puedan pedir el ingreso en prisión del Tito Bernie, el ex diputado socialista Fuentes Curbelo.

Además del PSOE, que se siente perjudicado, el PP o Vox quieren ser acusación, en su caso popular y sabemos que pedirán esa medida que la magistrada no pudo decretar contra su criterio porque el fiscal no lo solicitó.

De las tres piezas abiertas a raíz de las revelaciones del mediador, Navarro Tacoronte, Onda cero puede confirmar que además de la principal, una de ellas se centra en el ex director Ángel Luis Pérez Peña, por sobornos y tráfico de influencias cuando ocupaba la dirección general de deportes del Cabildo insular de Tenerife. Es el mismo al que le salió rana el intento de endosarle a Tacoronte un gasto de una tarjeta, algo que ha terminado destapando toda la trama.

Recordemos que la trama se destapó cuando Marco Antonio Navarro Tacoronte entrega en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife dos teléfonos móviles y un pendrive que contienen una gran cantidad de archivos audiovisuales con los que anuncia que puede demostrar casos de corrupción del Gobierno de Canarias, ante el cual dice haber actuado como mediador.

Tacoronte entrega esos archivos para defenderse de la denuncia por estafa que le puso el director general de Deportes del Cabildo de Tenerife con el que mantenía una relación personal que les llevaba a compartir una tarjeta de crédito revolving.

El Mediador pretendía demostrar con sus archivos que los pagos fraudulentos de los que se le acusaba eran conocidos por el denunciante.