La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que impida a la Guardia Civil analizar los correos electrónicos enviados y recibidos desde su cuenta oficial en Moncloa desde 2018, fecha en la que se nombró a su asesora Cristina Álvarez.
En un recurso de apelación al que ha tenido acceso Europa Press, el exministro socialista Antonio Camacho, abogado de Gómez, reclama que se deje sin efecto la providencia en la que el juez Juan Carlos Peinado ordenó a Presidencia entregar dichos emails a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación por presunta malversación en la contratación de la asesora.
Según la defensa, esa resolución judicial no está debidamente justificada, ya que “carece de cualquier motivación”. En su escrito, sostienen que el juez se limitó a señalar cómo llegó al juzgado el correo electrónico y, acto seguido, ordenó su entrega, sin explicar por qué era necesario ni en qué base legal se apoyaba la medida.
En términos prácticos, los abogados denuncian que la decisión judicial no explica las razones de peso que justifiquen una medida que afecta a derechos fundamentales, como la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Por ello, entienden que la actuación es irregular y piden que se anule, lo que dejaría fuera del caso tanto los correos como la información que pudiera obtenerse de ellos.
En la misma providencia, el juez Peinado también solicitó a Moncloa que identificara a los distintos secretarios generales de Presidencia desde 2018 y a las personas que autorizaron los pagos percibidos por Álvarez en ese periodo.
Camacho insiste en que no existe malversación en la contratación de la asesora y que, en todo caso, se trataría de un favor en el ámbito laboral y personal, lo que, a su juicio, no encaja en una conducta tan grave como la malversación de caudales públicos.