Madrid |
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, según informa El Mundo, ha notificado al centro de refugiados de la localidad el cese de su actividad, ya que no dispone de las licencias necesarias. Esto supone un golpe sobre la mesa por parte de Isabel Díaz Ayuso, que se opuso totalmente al plan del Gobierno para la acogida de menores inmigrantes no acompañados.
Este centro de Pozuelo de Alarcón comenzó su actividad en 2022 con la recepción de refugiados ucranianos tras el inicio de la guerra con Rusia. El Ministerio de Inclusión Social y Migraciones lo ha estado utilizando como lugar de traslado de inmigrantes llegados de Canarias desde 2023, de hecho, hace unas semanas se propuso instalar en sus instalaciones a 400 menores.
El Mundo informa de que, tras una inspección, el Consistorio ha concluido que las instalaciones en las que se ubica el CREADE, que pertenecen a la Tesorería General de la Seguridad Social, carecen de la licencia preceptiva necesaria para ejercer su actividad. El inmueble cuenta con licencia para "hotel", "docencia", "auditorio" y "garaje aparcamiento". Un centro de acogida como este requeriría la condición de uso residencial.
Aunque pueda parecerlo, la licencia de "hotel" tampoco permitiría que el centro de acogida estuviese en regla tal y como aclaran desde El Mundo. El Ayuntamiento de Pozuelo lleva denunciando desde hace meses que las instalaciones se están empleando como lugares de acogida "estables" y "permanentes", mientras que el término "hotel" contempla "estancias temporales".
Al no contar con los permisos correspondientes, este miércoles se notificó al titular del espacio del cese inmediato de la actividad como centro de acogida. A partir de ahora se abre un plazo de quince días en el que se pueden presentar alegaciones y habrá que ver cuál es la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto con los 400 jóvenes que se iban a trasladar como los que ya estaban en el centro, que según Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo, no tienen información alguna sobre el funcionamiento del centro, su capacidad, o el número de menores que hay en él.
En una entrevista que ha dado Tejero a TeleMadrid, denuncia que desde el Gobierno "invitan y los ayuntamientos pagamos la fiesta". La alcaldesa asegura que tomarían estas medidas "con cualquier otra actividad en el municipio" que supusieran "una temeridad" como considera con este caso. Asegura que "puede poner en riesgo la salud de las personas que están allí dentro".